En un sorpresivo giro de la discusión sobre la constitucionalidad de las leyes que articulan el nuevo sistema procesal penal, impugnadas ante la Corte santafesina por el procurador general Agustín Bassó, uno de los ministros del tribunal fue recusado, con la intención de que sea apartado de la causa.

La presentación fue realizada por el propio Bassó contra el penalista rosarino Daniel Erbetta justo antes de la feria judicial, pero su existencia fue celosamente resguardada hasta ayer, cuando fue discutida en el seno de la Corte en la primera reunión de acuerdo después del receso.

El hecho en que se apoya Bassó para desplazar a Erbetta de la decisión sobre la constitucionalidad de la ley que crea el Ministerio de Acusación, es que el ministro fue designado -en representación de la facultad de Derecho de Rosario- para integrar el tribunal evaluador para la selección de candidatos a Fiscal Regional de la Primera Circunscripción.

Para el procurador, esta participación en el cuerpo que propondrá funcionarios con el objetivo de comenzar a implementar las leyes por él cuestionadas, constituye "un claro prejuzgamiento" sobre la validez de las mismas, lo cual amerita su apartamiento.

"Improcedente"

Erbetta formuló su descargo en la misma reunión de ayer y consideró "improcedente" a la pretensión de apartarlo, por cuanto la recusación requiere una expresa emisión de opinión concretamente sobre la causa, y que la mera designación como miembro de un tribunal -según el mecanismo de sorteo dentro de una lista elevada por la universidad para distintos cuerpos a integrar- de ninguna manera puede ser calificada como tal.

El ministro agrega otro argumento, y es que el propio Bassó "ha instado y organizado, con anterioridad y aún con posterioridad a su postulación de inconstitucionalidad" diversos cursos de capacitación; con lo cual -de seguir su razonamiento- también estaría contribuyendo a la implementación de una norma que tacha de inconstitucional.

"Resulta estrictamente necesario señalar que adentrarse en este terreno puramente conjetural conllevaría a una discrecionalidad judicial que, por supuesto, no se agota con la hipótesis enunciada sino que aprehendería cualquier supuesto de hecho que roce a un miembro de este Tribunal con la aplicación de las leyes cuestionadas, permitiendo separaciones no autorizada por la ley y, más grave aún, alterando la integración natural de esta Corte", advirtió Erbetta.

Proyecciones

La Corte resolvería en el acuerdo del próximo martes la recusación planteada por Bassó contra Erbetta, en una decisión que, más allá de la confrontación de argumentos jurídicos, tiene innegables alcances político institucionales. Y es que, precisamente, la alteración de la composición del cuerpo -y en particular a través de la exclusión del único especialista en Derecho Penal del cuerpo, el único procedente del mundo académico y claramente identificado con una línea de pensamiento progresista- podría redundar en una modificación de la mayoría que debe resolver sobre la constitucionalidad de la reforma penal. Un tema que, por lo demás, generó profundas rispideces y cruce de acusaciones entre el gobierno y algunos miembros del Tribunal; sobre todo el propio Bassó. Con lo cual, toda decisión que la Corte tome en el futuro con esa mayoría alterada -el lugar de Erbetta debería ser ocupado por un camarista-, necesariamente será leída a la luz de esa condición y los antecedentes del debate.

El planteo contra Erbetta debe ser dirimido en forma previa al abordaje del planteo de inconstitucionalidad. Pero como eso ocurrirá en la reunión de la semana que viene, algunos no descartan que en la misma jornada ya se pase a la etapa siguiente. Si no es así, de todos modos, tampoco se dilatará demasiado y la definición no pasaría de agosto.