“No hay reforma política que sea inocente”, dice una de las sentencias que rige la política, en cualquier parte del mundo. Es verdad. Los intereses de quien impulsa la iniciativa siempre tiñen el proceso, en más o en menos. Pero hay límites... o debería haberlos.

El Gobierno provincial procura plasmar parte de la reforma política que viene impulsando de manera pomposa desde hace más de dos años; es eso, sólo parte. El aspecto clave del control del financiamiento de las campañas quedará para mejor ocasión, cuando el gobernador sea otro.

No es la primera vez que ocurre en Córdoba. Cada cambio en las reglas de juego estuvo enmarcado en maniobras cuanto menos cuestionables.

Entre 1986 y 1987, el oficialismo radical planteó la reforma de la Constitución provincial para impulsar la reelección del gobernador Eduardo Angeloz. La ley que declaró la necesidad de la reforma estuvo sospechada de acuerdos por debajo de la mesa con una parte del peronismo, que dio los votos necesarios para aprobar la iniciativa; es que, por la interna radical, el angelocismo no llegaba por sí solo.

Luego, los cambios alumbraron una Legislatura sobredimensionada, casi un traje
a medida para las necesidades electorales de la UCR, empezando por asegurarle al oficialismo la mayoría en Diputados, así ganara por un solo voto.

En 2001, bajo la gestión de José Manuel de la Sota, el justicialismo impulsó una nueva reforma constitucional, esta vez para modificar la Legislatura. En la consulta popular previa, se preguntaba a la gente si avalaba o no una reducción del Parlamento, para hacerlo más barato. Es decir, el eje pasó por lo económico –pese a su muy reducida incidencia en el presupuesto general de la Provincia– y no por lo institucional.

Finalmente, la reforma plasmó un Parlamento de una sola cámara en lugar de las dos originales y un sistema mixto de elección de los legisladores (por lista y por departamentos), que en la práctica también contempla los intereses del oficialismo de turno.

La reforma política en marcha –en este caso, no es un cambio constitucional– padece vicios similares. El gobernador, Juan Schiaretti, procura erigirse en el pionero de un supuesto mejor sistema político, pero planteando en esta etapa sólo las modificaciones que no lo afectan; necesitará cuantiosos fondos para la campaña de su partido y no quiere ser controlado. Ese aspecto clave se implementará –con suerte– para quien venga después.

En su momento, Angeloz y De la Sota al menos pudieron mostrar apoyo popular a sus iniciativas. Ahora está por verse.