El proyecto de ley enviado por el gobernador Daniel Scioli busca insuflar más de 2 mil millones de pesos a las arcas provinciales, una parte de ella para las comunas. Pero en su letra chica hay aumentos en Ingresos Brutos y sellados de trámites, y recargas en el inmobiliario rural. Referentes locales explican cómo afectará a la economía diaria y la interna tras el tratamiento.
La disminución de los recursos de coparticipación que reciben los municipios bonaerenses este año, partidas que pasaron a estar afectadas al financiamiento educativo, activaron el reclamo de los intendentes hacia el gobernador Daniel Scioli. Y fueron oídos. Por eso, una docena de ellos, junto a los ministros de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, y de Infraestructura, Alejandro Arlía, se reunió el viernes en San Vicente para convocar al resto de sus pares a movilizarse en apoyo a la medida el pasado mañana a La Plata, donde será tratado el proyecto nuevamente en Diputados, luego de que la sesión del miércoles último se cayera a raíz de la falta de quórum promovido por la oposición.
Su preocupación pasa por el pago a los proveedores. Sucede que de convertirse en ley, el proyecto permitirá que el ministerio de Economía bonaerense, que encabeza Silvina Batakis, genere unos bonos que serán girados exclusivamente a las intendencias con el fin de que se sean empleados para pagos atrasados a proveedores, lo que -aseguran desde la oposición- desalienta el consumo minorista entre los productores locales pequeños y las comunas. No obstante, erradica una preocupación muy fuerte que circuló las últimas semanas: el regreso de una cuasimoneda provincial para el cobro de sueldos, como los Patacones creados en 2002.
Mini-125
El fuerte rechazo que el proyecto generó entre las entidades que agrupan a los productores del campo que más facturas debió ser sofrenado por la propia ministra Batakis, que salió a cuestionar al sector afirmando que “no quieren blanquear el precio de la tierra”. Según dijo la funcionaria, tres de los capítulos de la norma “tratan de fortalecer las finanzas públicas municipales.
Luego disparó contra el sector que protagonizó los desmanes en el parlamento al recordar que la medida oficial gozó del acompañamiento de la oposición en el Senado: “Hace 20 años que la Provincia no tiene un revalúo y las hectáreas tienen un valor del 10 al 25 por ciento de su precio real”.
“Esto va a ser peor que la (Resolución) 125”, amenazó Biolcati colgado desde una columna en el intento de ingreso forzoso a la Legislatura. El ruralista le hablaba a un público que, según afirmaron desde el Ejecutivo provincial, no sólo estuvo compuesto por empresarios sino también por “fuerzas de choque de la Uatre”, el sindicato rural que conduce Gerónimo Venegas. El violento intento de los representantes de Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural para evitar la sanción del proyecto trasuntó en forcejeos con la policía y militantes peronistas. “Si esta ley se sanciona las consecuencias para los productores van a ser terribles”, afirmó el titular de la SRA desempolvando los pronósticos que reitera en cada reclamo patronal.
El lomense diputado provincial Fernando ‘Chino’ Navarro expresó su rechazo a esas actitudes calificando de “lamentables y repudiables” los incidentes y acusando al titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, de ser “golpista”. “Demostraron su verdadera cara, sobre todo Biolcati, un verdadero energúmeno, que descubrió su lado más oscuro, el de un golpista que siempre fue”, declaró.
A la vez, el legislador sostuvo que “el gobierno de (Daniel) Scioli haya tomado una decisión progresista, en términos impositivos, porque le cobra más a los más tienen”. Su par echeverriano, Walter Martello (de la Coalición Cívica-ARI), opinó en contrario en diálogo con LA TERCERA: “El campo es solamente un capítulo de la reforma por el que se pretende recaudar 300 millones de pesos, el resto se le quita a los sectores productivos, como los mayoristas de alimentos y las cooperativas, y a cada contribuyente a través de los sellos, cuando va a formalizar una escritura” u otros certificaciones, como el permiso para conducir. Y continuó: “En los productos de consumo básico, (el incremento) de la alícuota mayorista del 5 por ciento se traslada directamente a los precios”. Esto reducirá la vocación del vecino sobre sus obligaciones impositivas locales, según consideró.
Granados: “Los intendentes están ansiosos”
Ezeiza es un distrito que conserva una zona rural, aunque poco desarrollada y que trata de convertirse en industrial por impulso de su cuatro veces electo alcalde, Alejandro Granados. Su hermana y ex concejala, Leonor Granados, se lanzó la semana pasada como precandidata a intendenta por la línea política que comanda el vicegobernador, Gabriel Mariotto, hombre que fue muy cuestionado por apoyar como presidente del Senado un pedido de informes de la oposición sobre el gasto público de Scioli en materia de pautas publicitarias con medios.
Desde su rol de senadora provincial por el Frente para la Victoria, Granados justificó la “controversia” en la “necesidad de conseguir el quórum y los (votos de los) dos tercios de los senadores para ayudar a los intendentes” que “están muy ansiosos con este tema”. “Es cierto -adujo- que la oposición ha presentado pedidos de informes muy tediosos, pero fue parte de una negociación”, aclaró.
Con todo, se mostró molesta con algunos puntos de la norma, que fue aprobada por la Cámara Alta: “No fue el senado quien desarrolló esta ley, lo hizo el Gobernador. La ministra Batakis argumentó que es una situación de ‘emergencia’ pero creo que había que tocar otros lugares antes de llegar a la gente”. De acuerdo a lo que enumeró, el texto prevé también recargar a los propietarios de vehículos eximidos de pagar el impuesto provincial, que pasarán de pagar el 50 por ciento a hacerlo al 100 por ciento y las cooperativas que comercialicen productos, no así las de servicios públicos -como extensión de redes domiciliarias- que permanecerán exentas.
Comentá la nota