Nuestra crítica al proyecto tiene tres ejes. El primero, sobre el que no nos detendremos, es que la ley es redundante: casi todo lo que en ella se dice se podría hacer dentro del marco regulatorio vigente. El segundo se centra en las inconsistencias de los instrumentos propuestos, es decir, en el riesgo de que "el tiro salga por la culata". El tercero, de fondo, es la tentación recurrente a tomar atajos regulatorios para gambetear verdaderas reformas.

El proyecto tiene inconsistencias instrumentales. Empecemos con la idea de no permitir que ningún banco pueda exceder el 8% del mercado. Esta restricción conduce a un resultado sumamente paradójico y desconcertante: la norma frenaría el crecimiento y las inversiones de una entidad exitosa y competitiva cuya política de préstamos y servicios transaccionales fuese un éxito. Para ella habría límites claros que llevarían a una única decisión estratégica posible: dejar de invertir y de competir.

Conviene recordar que la Argentina tiene uno de los sistemas bancarios más desconcentrados del mundo. Pero, más importante aun, sabemos de la teoría de organización industrial que la competencia en un mercado depende más de las barreras a la entrada que de la propia estructura de mercado.

La banca extranjera

Un capítulo aparte merece el tratamiento a los bancos extranjeros. Simpatizamos con la preocupación de Heller. En los años 90 los bancos extranjeros prometieron la solvencia de sus casas matrices y luego no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero al aumentarles el costo de operación y entrada a las entidades extranjeras, lo único que se logra es disminuir la competencia. Esto quizá favorezca a los bancos nacionales con participación menor al 8%, pero el consumidor seguramente perderá.

El segundo punto es la participación mínima del 40% en la cartera de préstamos al sector privado de las pymes, en combinación con una fórmula que fija un techo a las tasas de interés de estas líneas. La experiencia de tasas máximas, como toda regulación de precios, ha sido históricamente nefasta.

En primer lugar, las empresas cuyo riesgo de crédito supere en 5% al promedio del sistema quedarán automáticamente desplazadas. La propuesta va a contramano de un principio básico de las finanzas que exige una relación creciente entre riesgo y retorno, desplazando al mercado informal de crédito a las empresas más riesgosas. Esto no haría más que potenciar una fuente de pingües negocios para las "cuevas financieras" de la city porteña.

Pero el problema es peor. Los bancos cuyo costo de fondeo supere en 5% al promedio del sistema estarán imposibilitados de otorgar estas líneas sin incurrir en pérdidas. Esto forzaría un "subsidio cruzado" que terminaría por elevar el costo para el resto de los productos financieros. O, más grave aun, para cumplir con la restricción del 40%, las entidades deberían sacrificar otras líneas para el sector privado y (paradójicamente) aplicar esos recursos en préstamos al sector público o en notas del Banco Central.

El proyecto Heller se rinde a la tentación de las regulaciones voluntaristas como sustitutos imperfectos de las reformas de fondo que se necesitan. Este camino ya probó ser erróneo en el pasado y no hay razones para pensar que será distinto ahora.

Nuestro país tiene poco crédito para las empresas (grandes y pequeñas), los gobiernos, los consumidores y las familias que buscan su acceso a la primera vivienda. No hay nada en la propuesta que busque subsanar este déficit estructural. No alcanza con repartir de otra forma la torta del crédito. En todo caso, urge ampliarla. Para eso se necesita trabajar sobre los tres actores del proceso de intermediación: los ahorristas (la oferta de fondos), los bancos y otros intermediarios financieros y las empresas y consumidores (la demanda).

Otras causas

Si el sistema bancario presenta un razonable grado de competencia, las fallas deben buscarse en las regulaciones, la estructura impositiva (léase, impuesto al cheque), la inexistencia de garantías fácilmente ejecutables, los costos y demoras del sistema judicial y el contexto macroeconómico, en particular, la elevada inflación.

Es imposible expandir y abaratar el crédito sin aumentar el ahorro canalizado al sistema. La triste historia de crisis y la falta de políticas macroeconómicas prudentes explican que el 50% de los depósitos son a la vista y que los ahorros fugados al exterior hayan sumado US$ 37.000 millones desde 2008.

Una condición necesaria es recrear una moneda nacional que opere como reserva de valor. En pocos días, el Congreso votará una ampliación presupuestaria que incluye unos 20.000 millones de pesos en transferencias del Banco Central que expandirá 17% la cantidad de dinero y, podemos pensar, será responsable de un aumento equivalente de la inflación. Esto destruirá más crédito que lo que esta ley (infructuosamente, a nuestro entender) pretende promover.

La razón es simple: la inflación incrementa el spread promedio cuando los bancos intentan recuperar, vía mayor rentabilidad, la erosión inflacionaria del capital inmovilizado. Esto quizás explique por qué el spread promedio del sistema aumentó 50% desde 2005.

Buenos incentivos crediticios pueden ser un primer paso para potenciar el acceso al crédito de las empresas, en particular las más pequeñas. Pero el diseño de las políticas es tan importante como las buenas intenciones.

L. Laspina es gerente de Estudios económicos del Banco Ciudad, y F. Sturzenegger, presidente de esa entidad.