En octubre la reforma debería tener una definición”, aseguró el viernes el gobernador Ricardo Colombi en declaraciones radiales. Si el plazo fijado por el mandatario se respeta en la comisión que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados, en 15 días debería haber un despacho y debería tratarse en la primera sesión de octubre.

La Comisión de Asuntos Constitucionales sólo tiene dos próximas reuniones antes de octubre: la de este miércoles en la que se invitó a los legisladores de la Comisión de Asuntos Municipales a analizar el expediente; y la del miércoles 28, día en que los legisladores ya deberían tener definido un despacho de comisión.

Si hay un despacho de comisión antes del 28, el proyecto podría ser incluido en el orden del día de esa sesión para ser girado a Prensa y tratarse el miércoles 5 de octubre. Todo esto, si el Gobierno baja línea a sus legisladores para que se respeten los plazos fijados por el Gobernador.

En la única comisión en la que se estudia el proyecto, el oficialismo tiene 4 de los 5 legisladores que integran esa mesa de trabajo. Es decir, la alianza gobernante fija los plazos.

Además resultó desprolijo, o al menos extraño, que la comisión decidiera invitar a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales a estudiar la iniciativa, pues desde un principio la oposición requirió que el expediente también sea girado a esta comisión. Sin embargo, el oficialismo impuso sus números y el proyecto fue enviado sólo a Asuntos Constitucionales.

Para justificar la convocatoria, la presidenta de la comisión, la radical Laura Vischi (hermana de Eduardo Vischi, ministro de Coordinación, quien anunció sus intenciones de suceder al Gobernador) explicó que la Comisión de Asuntos Municipales estaba integrada por ex intendentes, quienes podrían aportar su experiencia al momento de discutir el régimen municipal que se prevé reformar.

La situación pone entre las cuerdas al peronismo, que se llamó a silencio hasta que el Congreso partidario de la fuerza se reúna en noviembre.

Sin embargo, alertados por la situación, los diputados y senadores del justicialismo mantuvieron la semana pasada un encuentro para empezar a definir qué harán en caso de que el proyecto deba tratarse en el recinto.

Las alternativas que manejan los peronistas son: abstenerse, votar en contra o retirarse del recinto.

Esta semana las reuniones continuarían, siempre con la reforma en agenda, aunque los mismos legisladores lo nieguen ante los micrófonos y lo confirmen por lo bajo.

Si los plazos estipulados por Colombi se respetan, los justicialistas deberían apurar una definición.

De lograr la media sanción en Diputados, el proyecto llegaría a una comisión del Senado para mediados de octubre. Su estudio podría estirarse hasta noviembre, mes en que el Congreso partidario del PJ tiene previsto reunirse.

El vicepresidente primero del Senado, el radical David Dos Santos, ya había anunciado que en el oficialismo se manejaba la alternativa de que el proyecto tenga media sanción para luego esperar una definición del Congreso peronista.

El año ordinario en la Legislatura caduca el 30 de noviembre, tiempo suficiente para que el peronismo se expida y luego se trate en el recinto el proyecto reformista, siempre que haya logrado la media sanción en la Cámara baja.

Para la aprobación del proyecto, el oficialismo necesita 20 votos en Diputados. Tiene 16 voluntades propias. El resto de la Cámara se divide en 3 legisladores del Panu, 1 autonomista, 1 radical K y 9 peronistas.

En el Senado la situación parece más compleja. El Gobierno necesita 10 votos. Tiene 7 y el resto de la Cámara se divide en peronistas 7 y 1 Panu.

El proyecto promueve un mandato de 2 años para el próximo gobernador e intendente, con el objetivo de unificar el cronograma electoral con la Nación, es decir votar a cargos electivos ejecutivos el mismo año en que lo hace el resto del país. Hoy sólo Corrientes y Santiago del Estero, votan para gobernador dos años después de que el país eligió a un presidente.