Los diputados provinciales atravesaron ayer los piquetes de los trabajadores de salud y el fuerte operativo policial montado en los accesos a la Legislatura para sacar despacho por unanimidad –luego de un tratamiento de más de dos años- de la ley de reforma del Código Procesal Penal. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, José Russo, adelantó que pedirá su tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy.

Aunque el martes de la semana pasada la movilización de ATE impidió el acceso a la Legislatura, ayer los legisladores se las arreglaron para ingresar por otro lado y concretar la Comisión.

“Ha llegado el día”, dijo Russo al inicio de la discusión que terminó con un despacho por unanimidad con cambios en los tres puntos que tenían disidencias. Se suspenden las querellas colectivas, la competencia de los juicios por jurados no alcanza a los delitos contra la administración pública y se incluye una remisión al artículo 9.2 del convenio Nº 169 de la OIT sobre las comunidades indígenas.

El diputado Marcelo Inaudi (UCR) fue el encargado de hacer un recorrido por el nuevo Código que reemplazará al actual sistema procesal penal de tipo inquisitivo reformado por uno adversarial. Divide las tareas de investigación y juzgamiento que, actualmente, se encuentran concentradas en el juez de instrucción, e incorpora principios de oralidad, transparencia y publicidad, entre otros puntos.

Inaudi explicó que “se excluyen las querellas colectivas dándole fuerza a la Fiscalía, reivindicando su actividad exclusiva”. Además, ese punto es reemplazado por uno que permite a la Defensoría del Niño y Adolescente presentarse como querellante en los juicios por delitos contra la integridad sexual de menores.

Más de 15 años

En cuanto a la incumbencia del juicio por jurado, Inaudi explicó que alcanzará a los delitos para los que el fiscal haya pedido más de 15 años de prisión, como homicidios dolosos simples, agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones con acceso carnal. El diputado comentó que “hace mucho tiempo que un funcionario no se sienta en el banquillo de los acusados” por lo que consideró que incluir estos delitos para que se traten por jurado “no es la solución”.

Para la inclusión en el nuevo Código de los pueblos indígenas, el legislador comentó que encontraron más atinado incluir el artículo 9 de la OIT que obliga a los jueces y fiscales tener en cuenta los usos y costumbres del integrante de la comunidad a la hora de juzgar.

Si bien acompañó el despacho, la diputada de Alternativa Neuquina, Soledad Martínez, dejó bien claro sus posiciones contrarias a estos últimos cambios, que aclaró no “modifican cualitativamente todo el proyecto”.

Martínez consideró que la cantidad de juicios no es la razón para explicar por qué no se incluye a los delitos contra la administración pública para su deliberación por jurado. “A los ojos de la sociedad esto va a ser visto como una actitud corporativa de los políticos”, aseguró.

La legisladora destacó además “que las querellas especiales eran una posibilidad para que asociaciones se pudieran presentar como querellantes”, y dijo que con la sola inclusión del convenio Nº 169 de la OIT se quedan con una expresión “declarativa”.

“La propuesta anterior era moderada y permitía dar un paso, así sólo reconocemos lo que ya está reconocido por la Constitución nacional”, expresó. Horacio Rachid recordó que el propio Poder Judicial informó de los “inconvenientes estructurales que traería implementar esta nueva legislación”.