“La reforma del Código Civil es un engendro para satisfacer egos y necesidades políticas”

Así lo manifestó Horacio Lynch, fundador del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, quien disertó en Tucumán. Indicó que el país genera desconfianza al momento de encarar este tipo de tratamiento en legislaciones trascendentes a nivel social. Cargó duramente por la participación de la Corte Suprema en esta reforma.
22/06/2012 10:41 PM | "La ley, con mayor razón un Código Civil, debe ser una obra de sabiduría jurídica y política, y no una copia de la decadencia de la sociedad".

A través de esta cita, puede resumirse la disertación que llevó a cabo ayer en Tucumán, quien pronunció las palabras iniciales, Horacio Lynch (fundador del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia -FORES-) en el marco de las actividades que se diagramaron en la jornada denominada "El inquietante proyecto de Reforma de la legislación Civil y Comercial. ¿Amenaza para la libertad?".

El letrado describió un posicionamiento por demás crítico a la iniciativa emanada desde el Poder Ejecutivo nacional que tiene como objeto establecer modificaciones a este conjunto de normas bajo el argumento que resulta pertinente la adecuación jurídica en razón de los nuevos tiempos y desafíos que acarrea para la sociedad contar con un marco acorde a las necesidades vigentes.

Desde un posicionamiento mediante el cual se objeta la pertinencia de abordar esta reforma que, según Lynch, se encuentra condicionada por un contexto institucional inadecuado, a lo que se suma motivaciones políticas ajenas al espíritu y esencia que debe emanar el Código hasta arribar a una concepción contradictoria a la actuación y participación de jueces en la aplicación de estos cambios, todas estas perspectivas fueron abordadas por el jurista.

Procedimiento arbitrario

Un primer lineamiento, considerado por Lynch, se vinculó con la importancia que conlleva el estudio sistematizado de este tipo de compendio de normas que regulan el derecho de fondo focalizando aspectos esenciales de la sociedad.

"El Código Civil determina el país que queremos. Al definir las obligaciones y derechos de las personas e instituciones, no es algo neutro, sino que a través de él se expresan doctrinas y corrientes de pensamiento", indicó el abogado, a modo de proyectar la instancia de trascendencia que aglutinan las leyes en cuestión.

Por este motivo, no pudo entender el tratamiento que se efectivizó en el estudio del Código pues, desde el inicio de su alocución, Lynch aseveró que los encargados de llevar adelante las reformas planteadas "se movieron con bastante arbitrariedad, han tocado lo que quisieron", sostuvo.

Para demostrar la importancia sobre la que se sustenta la tesis ideada por Lynch en relación a la cualidad de importancia que adosó al Código, el disertante aseveró que "tal paquete de leyes formó más a la sociedad argentina que la propia Constitución. Nuestro país es el resultado del Código de Vélez Sarsfield. Cuando ya nadie se acuerde del señor (Guillermo) Moreno, de los fondos de la ANSES, de los sueños de pesificación, el Código Civil seguirá existiendo", apuntó.

Una segunda línea de análisis fundamentada por parte de Lynch se concentró en demostrar la instancia de oportunidad o conveniencia para avanzar en los cambios que se determinaron. En este sentido, se resaltó que la situación actual es muy diferente a la del siglo XIX cuando fue redactado el Código vigente, ya que en ese entonces existía la necesidad de contar con una legislación común para el país.

Complementando este razonamiento, señaló que hoy por hoy no se plantea el mismo panorama debido a la materialización de este cuerpo de leyes. Además, estipuló que no resulta imprescindible ni urgente concretar los retoques pretendidos. Ejemplificó, a raíz de ello, que desde hace 80 se idearon proyectos de reforma pero, adujo, no puede pasarse de décadas de no efectivizar nada y de pronto promover cambios en un año y luego trasladar el tratamiento al Congreso para que en el lapso de 90 días sancione el nuevo cuerpo legal.

"Es legitimo para una administración o presidente aspirar a reformar las instituciones civiles, lo que es nefasto es hacerlo por problemas de coyuntura y conveniencias políticas y mucho menos para intentar hacer ingeniería social", indicó el letrado, que fue invitado para las jornadas por el centro de investigación en políticas públicas "Libertad y Progreso", la "Red Liberal de Jóvenes de América Latina" y "PROpuesta Universitaria", entidades organizadoras del evento.

"En nuestro país las cosas no están demasiadas calmas, en el orden internacional tenemos la fama de ser un país incumplidor, donde no hay seguridad jurídica y todo cambio, aun cuando sea bueno, siempre trae desconfianza. Mi conclusión es que si podría hacerse un trabajo bien hecho, con calma, pausado, debatido, creo que puede ser positivo. Esto no, porque es un proyecto que se hace a las apuradas para satisfacer egos o necesidades políticas a las que se han sumado unas reformas del Poder Ejecutivo que ya lo han convertido en un verdadero engendro", sentenció Lynch.

El tercer punto sobre el cual se basaron las perspectivas críticas formuladas por el letrado estuvo diagramado en torno al trámite que se le otorgó al procedimiento para lograr las reformas ideadas.

Condicionamiento supremo

Así, manifestó que, en un primer momento, se trazó una tendencia para producir un texto homogéneo, teniendo en cuenta de lo que se trataba era analizar y recolectar todo lo que se había hecho hasta la actualidad, aunque la intención no se había sustentado en la capacidad de legislar a través de la introducción de cambios profundos, lo que finalmente terminó sucediendo.

Según lo aseverado por Lynch, los jueces no están para legislar, debido a que ellos deben cumplir con la misión de control de constitucionalidad de las leyes, por ende, si las normas son codificadas por los magistrados, el control se pierde. Al respecto, vale recordar que en la Comisión que llevó a cabo el análisis de los puntos a ser reformados, intervinieron dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como su presidente Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.

Este motivo despertó el fastidio de Lynch quien consideró que la participación de estos dos jueces "ha sido de una gran imprudencia porque ha contaminado los recursos de inconstitucionalidad que deberán tener los artículos mas controversiales que se incorporarán en el Congreso. Algo que a mí me ha preocupado muchísimo es que todo esto se trata de un cambio de favores con la Corte Suprema. Ha comprometido al Alto Tribunal, lo ha contaminado", insistió.

Para reafirmar su postura, reiteró que "los principios de la sociedad argentina que están en el Código no corresponden exclusivamente a los juristas, su labor llega después, los grandes principios tienen que ser fijados por las instituciones, la sociedad, en definitiva, por los legisladores. Una vez que eso está hecho, allí recién tienen que intervenir los juristas".

Justamente, el trabajo a desarrollar por los parlamentarios fue otro aspecto que resultó objetado por Lynch, al indicar que el mensaje que se baja de Presidencia significa un nuevo desaire al Congreso, no solamente porque se lo ha ignorado en todo el proceso de elaboración de la reforma, sino que también, estimó, se envía un proyecto de un modo preciso sin que los legisladores puedan apartarse de lo descripto.

Esta situación, motivó que el letrado caracterice a la iniciativa de "peligrosa", así, para justificar dicha consideración aseguró que "me parece difícil que la Administración como la actual (kirchnerista) que se ha caracterizado de hacer un culto de la mentira, de la mala fe, del incumplimiento de los contratos y del avasallamiento de las instituciones, pueda producir un Código Civil que necesita de la transparencia. Creo que es difícil que se logre un buen proyecto", lanzó.

Con la finalidad de hacer un balance que contemple lo hasta aquí detallado, Lynch recalcó que el proyecto en cuestión adoptó muchas características de las anteriores propuestas, pero adicionó una suerte de vuelta de tuerca bajo un tinte progresista con la meta, señaló, de contentar a la franja más dura del electorado que tiene este gobierno

"En todo esto hay motivaciones políticas, aunque considero que es legítimo para los gobernantes poder legar al país una gran obra de conciliación, pero no sé si la hay aquí, yo veo a esto como un nuevo engaño diciendo que hay un salto de calidad institucional", opinó. Asimismo, resaltó que "esto es propaganda para la Presidenta a un costo cero, parece que rige el principio que cambiar las leyes no cuesta demasiado".

Para finalizar, el referente de FORES, instó a una reflexión al momento de analizar en profundidad esta iniciativa. "Los partidos políticos están reaccionado porque advierten la forma autocrática de cómo se está manejando la cosa. No hay el debate que se necesita y si lo hubo, en él no se produjeron contrastes, porque nos venden un gran paquete propagandístico que hay que revisarlo bien, hay cosas muy riesgosas que pueden tener tremendas consecuencias", concluyó Horacio Lynch.

Comentá la nota