En una sesión legislativa enmarañada por la cataratas de números y cifras que describían diversos panoramas sobre la situación económica y financiera de la provincia, el oficialismo capeó el temporal de críticas que se sustanciaron en torno a dos proyectos claves para la gestión alperovista, que, finalmente, terminaron con la aprobación de tales iniciativas dada la inquebrantable y abrumadora mayoría de bancas con las que cuenta.

En tal sentido, se homologaron, por un lado, el convenio firmado por Tucumán y el Gobierno Nacional mediante el cual la provincia se adhiere al "Programa Federal de Desendeudamiento" con el objeto de reducir y reprogramar el pasivo público. Además, se facultó al Ejecutivo local para prorrogar el plazo del contrato de prestación de servicio por el término de diez años al Banco Macro, que seguirá funcionando como agente financiero del Estado provincial.

En relación al primer tópico, cabe señalar que de la deuda que mantiene Tucumán con la Administración Central (alrededor de los 4.500 millones de pesos) se resolvió la refinanciación de la misma en el orden de los 3.320 millones de los cuales se condonarán una suma cercana a los 488 millones correspondientes a los fondos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional, los que la provincia cede de manera irrevocable. En tanto, la suma restante (2.831 millones) será reembolsada al Tesoro nacional luego de un período de gracia de 18 meses y una refinanciación a 20 años con una tasa de interés del orden del 6 por ciento.

Las objeciones opositoras en torno a este tema redundaron en poder establecer cuál es la deuda total de la provincia, la que según las principales voces díscolas (Ricardo y José Luis Bussi, Osvaldo Cirnigliaro) desde que asumió José Alperovich fue duplicada, mientras que se elevó el nivel de gasto público a tono con el incremento del Presupuesto general.

"Los recursos con que contó Alperovich llegaron casi a los 9 mil millones de dólares, seis veces más que esta deuda, entonces vale preguntase porqué no la pagaron. Este convenio es la prueba del despilfarro de una mala administración, se premia la ineficiencia y el manejo irresponsable de los recursos públicos, favoreciendo la corrupción y el clientelismo político", disparó el laborista Renzo.

Obviamente, desde la bancada "Tucumán Crece" se alegó que con esta normativa lo que se intenta es brindar "previsibilidad a las finanzas", se solicitó "racionalidad" a la oposición, a la vez que se disparó contra los medios de comunicación por confeccionar la agenda de los sectores refractarios al Gobierno.

Otro de los puntos cuestionados en torno a este tema radicó en que el convenio suscripto de desendeudamiento postula en uno de sus articulados que la provincia asumirá todo el pago que el Estado Nacional deba realizar en relación con el laudo arbitral entre la Compañía Aguas del Aconquija y la República Argentina que tramita el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). Por lo cual, se procederá a la negociación del reembolso de los importes al Estado Nacional entre ambas partes (Ejecutivos local y central).

Con respecto a la extensión por 10 años de plazo para que el Banco Macro continúe como agente financiero de la provincia, las rispideces estuvieron centradas en la exención del pago del Impuesto de Sellos que se le concedió a la entidad, la línea de crédito que se habilitará por la suma de 400 millones de pesos a favor de Tucumán (categorizada por la oposición como un "cheque en blanco para un nuevo endeudamiento a través de uso de fondo discrecionales"), además, el Banco se compromete a realizar inversiones necesarias para incrementar en un 20 por ciento la cantidad de cajeros automáticos. "No hay ninguna utilidad en esto. Cuál es el beneficio con que haya una cola más o menos", preguntó Renzo.