SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El proyecto del Frente Grande para convocar a un referéndum sobre una eventual licitación pública del transporte urbano no obtuvo en el Concejo los votos suficientes para su tratamiento sobre tablas y fue derivado la comisión de Gobierno y Legales.

De todos modos, los seis ediles que sostienen la idea de consultar a la población en una elección obligatoria y vinculante confían en sancionar la ordenanza en la próxima sesión.

Ayer necesitaban 8 votos para tratar el proyecto sin análisis y sólo reunieron 6: los de Silvia Paz y Alfredo Martín (FG), Silvana Camelli (PJ), Laura Alves (UCR), Darío Rodríguez Duch (ARI) y Arabela Carreras (SUR). Sin embargo ese número es suficiente para darle sanción cuando llegue con dictamen.

El proyecto es resistido por las empresas que explotan el servicio y que pretenden una concesión directa por cinco años, como les prometieron el intendente Marcelo Cascón y la mayoría de los concejales luego del lock out patronal del pasado miércoles 21.

En defensa de esta última solución (y en contra del referéndum) se pronunciaron Hugo Cejas y Darío Barriga (SUR), Claudio Otano (UCR) y Francisco De Cesare (Partido Socialista). Aunque este último dio a entender que también apoyaría el plebiscito cuando exista una redacción definitiva de la licitación,

El debate fue seguido por numerosos vecinos que están a favor del llamado y por los empresarios y los trabajadores de Tres de Mayo y Codao, que lo rechazan.

Unos y otros aplaudieron a los concejales que abonaban sus posturas y en algún momento se cruzaron en fuerte discusión, cuando Paz advirtió que -si obtienen el contrato directo- las empresas "seguramente" iniciarán una presión similar por la suba de tarifas.

El concejal Martín, principal impulsor del referéndum, reivindicó la "participación popular" en las decisiones de gobierno y advirtió que "el viejo esquema de representación, que limita todo al voto cada cuatro años, es caduco y elitista".

Carreras, por su parte, dijo que "aparecieron nuevos elementos" después del precario acuerdo alcanzado días atrás cuando las empresas paralizaron el servicio. Mencionó entre ellos la actitud empresaria de "no acatar las infracciones, incumplir con el boleto estudiantil y amenazar con declararse en quiebra". Acusó a las firmas prestadoras de "usar a los trabajadores para presionar".

Su par Laura Alves aceptó haberse equivocado al avalar la firma de nuevos contratos y dijo que lo comprobó al ver que los trabajadores consultaron al dueño de la empresa antes de prestar su acuerdo a la propuesta.

El temor de los trabajadores por su continuidad laboral es el motivo invocado, al menos públicamente, para rechazar la licitación abierta. El edil Duch les aseguró que ese prejuicio es "falso" y detalló los puntos del pliego que garantizan la preferencia por las empresas y el máximo resguardo para los empleados.

En contra del referéndum argumentaron Hugo Cejas y Claudio Otano. El referente de SUR dijo que no acompañaría el proyecto porque el intendente Cascón no está de acuerdo "y un referéndum debe ser convocado por el gobierno municipal, lo cual incluye a los tres poderes".

También dijo que antes de tomar cualquier decisión los concejales deberían conocer el proyecto que prepara el Ejecutivo para conceder cinco años más de concesión a las empresas.