Loncopué vive horas clave para su futuro. El domingo se celebrará el primer referéndum municipal de la provincia, promovido por un grupo de vecinos que buscan rechazar la explotación minera a cielo abierto dentro del ejido de la localidad. Sin embargo, hay una posibilidad de que se cancele porque la empresa estatal Cormine presentó una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia para suspenderla. Hasta el viernes a las 15 los vocales están en condiciones de frustrar la iniciativa popular o habilitarla. Según fuentes judiciales, se tomaría una decisión hoy.

En el referéndum -que es vinculante- votarán alrededor de 3.500 personas para definir por el sí o el no de un proyecto de ordenanza que se presentó el 4 de agosto del año pasado con la firma del 15% del padrón electoral y que el Concejo Deliberante rechazó. La Ley Nº 53 de municipios obliga a llamar al referéndum pero como no había una reglamentación específica para esto, tuvo que redactarse y aprobarse en marzo pasado por el actual CD. Por voluntad de la intendenta Maria Fernanda Villone y de los concejales, la votación se hará este domingo.

El proyecto prohíbe, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Loncopué, la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares empleadas en este sistema.

Normativa

La normativa se impulsó por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) luego de que se conociera un proyecto para explotar el cerro Tres Puntas, dentro del ejido municipal. En el proyecto se delimita el terreno por el arroyo Pichinco al norte, el Ranquilco y desde la margen derecha del río Agrio hasta 5 kilómetros hacia el oeste de él. Abarca casi 8 mil hectáreas.

La empresa Cormine, en nombre de su presidente Martín Irigoyen, presentó el jueves 17 de mayo pasado una acción judicial donde solicitó la suspensión del referéndum por considerar que afecta sus derechos.

El abogado de la AVAL, Cristian Hendrickse, comentó que el TSJ le dio la posibilidad al municipio de contestar esa acción a través de su abogada, Troncoso, quien afirmó que el tribunal no es competente para resolver porque la ordenanza todavía no está sancionada.

“No hay legitimidad en su argumento. Dicen que una norma que todavía no existe afecta sus derechos”, explicó Hendrickse. En ese sentido, el Concejo Deliberante ratificó la Ordenanza Municipal N° 1054/12 donde se convocó al referéndum.

El abogado, especialista en minería, opinó que la acción de Irigoyen tiene como objeto “ahogar una experiencia de democracia semidirecta que podría tener un efecto contagio en otras localidades”.