El cooperativismo en Argentina, que tiene más de cien años de historia, ha tenido en el último tiempo un reconocimiento en la provincia de Buenos Aires a nivel constitucional: en la reforma del 94, en el artículo 41 se reconoce a las cooperativas y lo que se llama el acto cooperativo entre ellas y los asociados, diferenciándolos del acto del comercio.

Desde el 2005, una ley votada por unanimidad le da un tratamiento impositivo acorde a esa naturaleza cooperativa. El proyecto de ley de esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, da por tierra con esa ley y lo transforma en una exención. Y el tema acá no es que las cooperativas tienen que estar exentas, sino que ese tipo de impuesto no corresponde cobrarles a la sociedad o a su relación con la cooperativa.

Y lo agrava más todavía al proyecto porque hace una exención del 30 por ciento. O sea que el perjuicio económico para los asociados consumidores a las cooperativas es bastante importante y se transforma en un impuesto al consumo, es decir que la gente tiene que pagar por lo que consuma en una cooperativa.

RP.- ¿Este 30 por ciento de exención sobre qué es?

Es sobre lo que se llama la alícuota del impuesto a los ingresos brutos. Corre para todas las cooperativas y en particular las de consumo. Y sabemos que hay intenciones del ejecutivo de alcanzar al resto de las cooperativas.

RP.- También plantea una contradicción entre las declaraciones de Scioli y la reforma. ¿Por qué?

Absolutamente; pero no solo de Scioli. En el mundo entero, las Naciones Unidas han declarado éste el año internacional de las cooperativas por el papel importante que tienen en la economía de los países y en la sociedad.

Y en ese marco, en la provincia de Buenos Aires y en particular en Bahía Blanca, nosotros hemos recibido la visita del gobernador por ser el año internacional de las cooperativas. Y ante más de 1500 asociados que estaban presentes en ese acto, el gobernador Scioli comprometió su apoyo a las sociedades cooperativas. A esta altura del partido nosotros no estamos pidiendo que nos den una mano extra porque las cosas están difíciles, pero que no nos pongan una mano encima.

RP.- ¿Van a realizar algún reclamo puntual?

Nosotros hemos hecho una serie de gestiones como corresponde, en línea de lo que ha sido siempre el movimiento cooperativo y con respeto por las instituciones de la democracia. Y hace un mes que hemos estado visitando despacho por despacho a todos los legisladores explicándoles lo del acto cooperativo, por qué las cooperativas no están alcanzadas por los impuestos de ingresos brutos. Ese ha sido nuestro mecanismo de defensa: tener una oposición muy dialoguista y hemos logrado la atención de la gran mayoría y en muchos casos el apoyo que ha venido de diferentes sectores. Igual seguimos preocupados porque en la medida que la ley aun no se ha votado y no ha logrado quórum, el tema sigue pendiente de ser resuelto.

RP.- Algo que sucede es que parece que el único afectado por esta reforma es el sector rural.

Es porque lo del campo tiene un impacto económico muy grande para los que lo tienen que pagar y también para el estado. En el caso de las cooperativas, lo que se está discutiendo es una suma infinitamente menor: estamos hablando de 50 millones de pesos, que no es nada comparado con los 2500 que necesita la provincia. El problema es que lo nuestro es muy poquito para el estado pero es terrible para las cooperativas. Pulveriza nuestros excedentes, nos hace un daño muy importante.