De acuerdo a las conclusiones de una investigación realizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), si nuestro país avanza en una reducción de subsidios a empresas, podría generar el ahorro necesario para coparticipar el impuesto al cheque, como reclaman los representantes de algunas provincias.

Además, según el informe, establecer que ese tributo sea coparticipado a las provincias "no genera riesgos de desfinanciamiento del Estado nacional" y, paralelamente, alcanzaría para compensar la pérdida de recursos una modesta reducción en la regresiva política de distribución discrecional y poco transparente de subsidios a favor de empresas públicas y privadas.

Por el contrario, de acuerdo al informe de IDESA, el mayor riesgo es que las provincias asuman como permanente los recursos generados a través de un tributo que debería ser subsumido como pago a cuenta de IVA y Ganancias. "Por eso, es fundamental que en la misma ley que fije la plena coparticipación del impuesto se establezcan reglas claras y estrictas que induzcan a las provincias a modernizar su propia gestión", agrega el documento.

En el marco de un nuevo equilibrio político en el Congreso, aumentó la viabilidad de las iniciativas legislativas tendientes a atenuar la fuerte concentración de recursos fiscales a favor de la Nación que se ha venido imponiendo en los últimos años.

En ese sentido, una de las iniciativas más avanzadas y que gozaría de mayor consenso es la que plantea establecer la plena coparticipación del impuesto que grava las transacciones bancarias.

Beneficios para Tucumán

El diputado nacional tucumano, Juan Casañas (Acuerdo Cívico y Social), aseguró que con la aprobación de ese proyecto "Tucumán va a pasar de recibir 160 millones de pesos a alrededor de 650 millones de pesos directamente".

Según consideró el parlamentario opositor, la coparticipación de ese impuesto permitiría "darle libertad a aquellas provincias que están manejadas o presionadas por el Gobierno nacional y les va a soltar la mano a los gobernadores. Va a ser un país más federal del que conocemos", aseguró.

El denominado "impuesto al cheque" es un tributo de emergencia creado en el año 2001 para responder a la crisis fiscal de aquella época. En función de esa emergencia, el Congreso dispuso que el 70 por ciento sea destinado directamente a la Nación y el 30 por ciento restante se incorpore a la masa coparticipable, lo que lleva a que la Nación se apropie de otro 17 por ciento adicional. De esta forma, hoy sólo el 13 por ciento del "impuesto al cheque" se distribuye entre las provincias.

En este marco, el Gobierno nacional advirtió que vetará cualquier intento de coparticipar este impuesto bajo el argumento de que, si lo permitiese, se generaría un serio riego de desfinanciamiento del Estado nacional.

Datos oficiales

Según consideraron desde el IDESA, el interrogante en este tema es si efectivamente el financiamiento del Estado nacional está en peligro con esta iniciativa.

Para desterrar ese mito, citaron datos del Ministerio de Economía que señalan que en 2010 la recaudación del "impuesto al cheque" será de más de 23 mil millones de pesos, de los cuales, con los actuales parámetros de distribución, la Nación se apropiaría de unos 20 mil millones.

En cambio, si se coparticipara plenamente ese monto, se reduciría a 12 mil millones de pesos, es decir, una pérdida de aproximadamente 8 mil millones.

Además, se destaca que el total de recursos que el gobierno nacional actualmente asigna en subsidios a favor de empresas públicas y privadas asciende a 33 mil millones de pesos (ver detalles en cuadro).

Estos datos demuestran que lo que perdería la Nación por la coparticipación del "impuesto al cheque" representa apenas un cuarto de lo que actualmente está destinando a subsidios para compensar a empresas privadas por las manipulaciones de los precios y tarifas y para cubrir déficits de empresas públicas.

Al respecto, se recordó que sólo con suspender las transferencias a favor de ENARSA y Aerolíneas Argentina se ahorrarían 5 mil millones de pesos, es decir, un monto muy cercano al que la Nación dejaría de recibir si se aprobara el proyecto.

En otras palabras, según el informe difundido ayer por el IDESA, alcanzaría con revisar una parte minoritaria de la regresiva política de subsidios que lleva adelante el gobierno nacional para compensar la plena coparticipación del "impuesto al cheque".

Riesgos

Por otro lado, se advirtió que el principal riesgo de la iniciativa no es el desfinanciamiento del Gobierno nacional si no la posibilidad de que, una vez coparticipado, se genere en las provincias una dependencia tan fuerte que haga muy difícil en el futuro eliminarlo.

En este sentido, vale recordar que el "impuesto al cheque" grava los pagos instrumentados por medio de transferencias bancarias, mientras que es eludido por quienes operan con dinero en efectivo. Por lo tanto, mientras más transacciones se realicen en efectivo, menos "impuesto al cheque" se paga y mayores son las puertas que se abren para la elusión y la evasión de los otros impuestos, fundamentalmente IVA, Ingresos Brutos y Ganancias.

Desde el IDESA argumentaron que "este y otros motivos no menos importantes llevan a recomendar enfáticamente que en la misma ley que se establezca la coparticipación del impuesto se fije un cronograma para que rápidamente se permita considerarlo como pago a cuenta del IVA y ganancias".

Por eso, de acuerdo al informe, el capítulo más importante y complejo que debería contemplar la ley es el que desarrolle reglas precisas y de fácil control para inducir a una mejor gestión del gasto público provincial. Y, en ese contexto, se resalta que, debido a que el impuesto pasará gradualmente a constituir un pago a cuenta de IVA y ganancias, mientras el impuesto genere ingresos adicionales los fondos deberían ser destinados a sanear las finanzas públicas provinciales".

Teniendo en cuenta esos parámetros, los autores de la investigación advirtieron que en la mayoría de las provincias la prioridad debería ser bajar el muy elevado endeudamiento, mientras que en los pocos casos de bajo nivel de deuda los recursos podrían ser destinados a inversiones. "Bajo esta lógica, la clave es que las provincias accedan a esta nueva fuente de financiamiento, no para financiar gasto corriente, sino para modernizar su gestión y garantizar el equilibrio fiscal sostenido", concluye el informe.