La Justicia Federal procesó por trata de personas al propietario de un prostíbulo de Roca, detenido hace algunos días en un operativo en el que tres de las alternadoras –de origen paraguayo- aseguraron estar en el lugar contra su voluntad. “Lo de Roca es la punta del iceberg y demuestra que lo que veníamos denunciando es verdad”, aseguró Germán Bernales, referente del Centro de Derechos Humanos del Comahue (Cedhco) y coordinador de la Red Nacional Anti-Trata.

El grupo de trabajo contra el tráfico de personas, especialmente con destino a redes de prostitución, funciona desde hace tres años y ha realizado diversas investigaciones. Según se aseguró, lograron comprobar la existencia de “una red, con vinculaciones en La Pampa”, que estaría integrada por Horacio Justino el regente del cabaret de Roca –Cristal-, procesado junto a otras dos personas por el juez federal Santiago Inchausti. Además, el dossier de otras averiguaciones realizadas por el Cedhco estaría por ser remitido a la Justicia.

Tras comprobar que en la provincia existe tráfico de personas, Bernales aseguró que “si la Justicia se pone las pilas y trabaja fuertemente, se desarticulan las redes”, al entender que actualmente el territorio provincial es utilizado, principalmente, para el traslado de personas a otros puntos de la Patagonia. Quienes son retenidas cautivas en la región "son sometidas a ablande. Es decir que las golpean y las abusan hasta quebrar su resistencia a prostituirse", expresaron desde el Cedhco.

Por otro lado, destacaron la valoración del juez federal sobre la situación de las mujeres halladas en el prostíbulo que regenteaba Justino. "El juez habla de vulnerabilidad más allá de la voluntad de prostituirse que manifestaron -algunas alternadoras- porque fueron engañadas para viajar al país. Y cuando se encontraron con esa situación no tenían opciones para efectuar una elección libre", dijo Bernales.

El circuito

Las víctimas ingresan por “Río Colorado o Catriel” y la red descubierta opera “principalmente en Roca y Choele Choel”, desde donde “se destinan –las mujeres- a Rincón de los Sauces (Neuquén), San Antonio Oeste, Sierra Grande o Las Grutas. Y desde allí al Sur”, explicaron desde el organismo de Derechos Humanos. Hay expectativas de que la investigación de Inchausti confirme las presunciones, aunque incertidumbre respecto de “por qué se apresó a Justino y no a otros” presuntos miembros.

Informe sin consecuencias

Desde el Cedhco hay cuestionamientos a la falta de compromiso del Estado provincial para erradicar la trata. Y, en ese sentido, también se recordó la falta de avances tras la presentación de un informe del ex auditor de la Justicia, Gustavo Martínez, quien tras una investigación avaló la posibilidad de que efectivos policiales y altos mandos de la fuerza -citó a Víctor Cufré- estuviesen vinculados a redes de trata de personas.