“Los encontraron sin papeles –dice a Clarín , vía telefónica, Beatriz Basualdo, presidenta de la Casa Argentina en España– en una redada policial en Armería.

Tenemos muchos casos así.

El de ellos nos dolió porque, pese a todo el buen trabajo del Consulado, de la Iglesia, de organismos humanitarios, no pudimos resolverlo. Ella se fue por ‘propia voluntad’ y a él lo tuvieron 40 días en uno de los internados para estos casos y a las 3 de la mañana del día 41 lo subieron a un avión”.

Basualdo contó que, según la ley, primero se da la posibilidad de pagar una multa (unos 300 euros) y luego hay un período de regularización, de difícil logro.

“ Se conocen más las expulsiones en el aeropuerto , pero hay muchos casos como el de esta pareja. La policía suele ir a sitios donde frecuenta una comunidad (como un bar latino), a veces por inspecciones o pura casualidad detecta a un irregular o a veces es por portación de cara, hay de todo. Un argentino se salva más por el parecido al español, pero sufre esos casos un boliviano o peruano”.

El expulsado puede seguir el trámite abierto desde su país de origen, “pero –agrega Basualdo– es muy difícil.

En general uno regresa derrotado , y debería tener aquí una organización detrás que haga todo el seguimiento”.

Los casos de impedir el ingreso son más conocidos y afectan a personas de todos los oficios y edades. Hace un mes, una mujer argentina de 72 años, Luisa Ormeño, fue rechazada en Barajas, lo que motivó una queja de la Cancillería argentina a España. Su familia denunció que la trataron como a “una prisionera” . Ese mismo julio, Ada Ghiara de Rodríguez, 88 años, sufrió la misma situación. En Barajas la retuvieron durante 8 horas hasta que fue devuelta a Argentina en otro vuelo. El Movimiento Argentinos en el Exterior denunció “estos casos violatorios de los derechos humanos” ante el Parlamento y reclamó una investigación.