Como un perro tratando de morderse la cola, así está la economía y finanzas en la Argentina con respecto a la inflación, a medida que suben los salarios también se incrementan los precios de servicios y mercaderías de primera necesidad. Ayer el Gobierno provincial informó sobre lo “invertido” en haberes de agentes públicos en lo que va de enero a julio pasado; justamente en su edición también de ayer este diario mostró los ingresos por coparticipación federal que llegaron a la provincia en estos siete meses de 2011 que totalizaron $2.820,6.

Por su parte, la administración radical dirigida por el gobernador Ricardo Colombi explicó que los sueldos desde enero hasta el mes pasado, incluido el medio aguinaldo, insumieron más de $2.200 millones. Restada esta cifra de la anterior

-$2.820,6 millones- se deduce que el resto -$620 millones-queda para atender servicios esenciales que presta el Estado, educación, seguridad, salud y cuestiones sociales, aunque estas últimas por lo general son financiadas desde el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Este itinerario es el que suele generar los encontronazos habituales entre el arco gremial, representante de trabajadores públicos, y el Gobierno; los sindicalistas entienden que a más ingreso de recursos, más deberían ser los incrementos. Sin embargo, no siempre es así, el Estado provincial también debe atender cuestiones inherentes a su funcionamiento y no convertirse en un mero pagador de salarios. Con su informe oficial el Gobierno correntino reconoció que el 70% de los recursos tiene como destino final el bolsillo de los agentes estatales (ver aparte), algo que en realidad no es nuevo y que forma parte de la naturaleza de provincias sin un desarrollo industrial que genere mano de obra privada.

Corrientes y los demás distritos del Norte y Nordeste argentino se caracterizan por esta falencia histórica.