Vecinos de calle Ayacucho al 200 presentarán en la jornada de hoy un recurso de amparo ante la Justicia Federal para solicitar la suspensión de las obras de la planta transformadora de energía que se levantará en esta arteria luego del aval otorgado por los concejales oficialistas.

De acuerdo a los argumentos vertidos en la denuncia, que cuenta con el asesoramiento letrado del equipo de abogados de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, lo que se objeta es la presunta violación a las disposiciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y por la Secretaría de Energía de la Nación, en las cuales se recomienda no habilitar este tipo de emprendimientos en zonas densamente pobladas.

"La preocupación aumenta los decibles cuando vemos que el apto ambiental dice que se cumplen con ciertas reglamentaciones que no se están respetando, cuando se empiezan a falsificar este tipo de instrumentos, nos preocupa mucho", sostuvo la parlamentaria, quien acompañó el reclamo vecinal la semana pasada cuando se produjo una protesta en las afueras del lugar elegido para instalar la planta.

Al hacer mención a las excepciones que estipula la reglamentación para llevar a cabo las obras de estas características, la referente opositora adujo que "se exige que no haya escuelas, centros asistenciales ni geriátricos en la zona, cuando aquí hay tres colegios, una asistencia pública, un centro privado de ojos. Por ello, quienes han firmado el apto ambiental han mentido, y eso es grave".

Otra de las cuestiones que se determinarán en la denuncia a efectuar radica en intentar demostrar que la audiencia pública convocada a tratar la necesidad de instalar la planta, en principio, no habría tenido este objetivo.

"Cuando está en juego la calidad de vida de los personas no hay razones económicas que puedan superarla. Todos queremos que se instalen estaciones transformadoras, que haya mayor cantidad energía disponible, pero no a costa de la salud de la gente", advirtió Elías de Pérez.

En este mismo sentido se expresó el presidente del Comité capital del radicalismo, José María Canelada, quien sostuvo que "los informes que están en las actuaciones por las cuales se dicta el apto ambiental y se llega al dictado de la ordenanza son llamativos, por lo que investigamos la veracidad de alguna documentación. Al aprobarse esta ordenanza se omitió todo el debate técnico y no intervinieron las comisiones que debieron haber dictaminado", adujo el dirigente.