Publicado el 30/04/2012 - La Cámara de Diputados avanza hacia la sanción de la ley de Reordenamiento y nueva política habitacional del IPVU, que busca asegurar que el adjudicatario de una vivienda social habite la misma, y evitar que se defraude al Estado con la compraventa de llaves, alquileres o que las unidades estén deshabitadas, lo que también perjudica a las familias que no cuentan con un hogar y que están anotadas en el registro de demandantes del organismo provincial.

Para eso contempla un mecanismo ágil de recuperación de las casas que hayan estado involucradas en operaciones irregulares.

La comisión mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales aprobó un dictamen que ya está en el orden del día para la sesión del miércoles.

Consultado por EL LIBERAL, el vicegobernador Ángel Niccolai remarcó que “la aprobación (de la ley) va a permitir agilizar, modernizar y hacer más fáciles y rápidos los controles una vez que se adjudican las viviendas. Ha sido motivo de un trabajo muy exhaustivo y provechoso que se ha hecho primero en el IPVU con otros funcionarios de Obras Públicas, y luego en el pleno de las comisiones donde se ha trabajado y se sigue trabajando para una ley consensuada”.

Detalles

En lo referido al proyecto de ley, esta norma busca asegurar el cumplimiento de la obligación de la ocupación inmediata y efectiva de las viviendas adjudicadas por el IPVU, y también fija los mecanismos para el recupero de las mismas en caso de ocupación irregular (inquilinos, compradores, cuidadores, intrusos etc.), o abandono.

Según la ley, los adjudicatarios tendrán hasta 15 días hábiles de entregada la constancia de adjudicación para habitar las unidades, y también deberán cumplir con una serie de obligaciones como la conservación y el uso, o el pago de impuestos.l