Ya es ley la recuperación de viviendas del Ipvu que no son ocupadas por adjudicatarios

Lo aprobó la Legislatura provincial durante la sesión de ayer. Se trata de un procedimiento administrativo mediante el cual el Estado rescatará esas unidades habitacionales y les dará un uso social. La nueva norma contempla permisos para los adjudicatarios que deban ausentarse de sus casas.

Ya es ley la recuperacion de viviendas del Ipvu que no son ocupadas por adjudicatarios

La Cámara de Diputados de la provincia convirtió ayer en ley el proyecto elevado por el Ejecutivo, por el cual se agilizará el recupero de las viviendas sociales construidas por el Ipvu, que estén deshabitadas, usurpadas u ocupadas irregularmente.

La norma contempla que el IPVU será el mismo organismo de aplicación y también de los mecanismos de defensa para los adjudicatarios que estén en infracción.

La aprobación de esta norma que debe ser promulgada por el Ejecutivo para su aplicación, tuvo el respaldo de la gran mayoría, en virtud que durante el debate del despacho de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, se incorporaron muchas de las sugerencias efectuadas desde los distintos bloques.

Así lo remarcó la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y vicepresidenta primera de la Cámara, Sandra Generoso, en diálogo con EL LIBERAL.

Explicó que la ley de recupero de viviendas sociales establece un procedimiento para que todas las viviendas usurpadas o con ocupación irregular, el Estado tienda a recuperarlas, garantizando el debido derecho de defensa del adjudicatario.

A tales efectos, la legislación contempla que los adjudicatarios pueden solicitar un permiso para ausentarse por un tiempo prolongado, avisando con anticipación de esta situación al Ipvu.

Generoso precisó que esta norma prevé que la autoridad de aplicación es el instituto provincial, y que el adjudicatario tiene 15 días hábiles de entregada el acta de adjudicación para ocupar la unidad habitacional y que cumplido ese plazo sin habitar la vivienda, el Estado tiene la facultad de rescindir dicha adjudicación.

“Esto, previo traslado de notificación al adjudicatario, para que ejerza su defensa”, remarcó la legisladora.

También indicó que se aplicará la ley en el caso que se le dé un destino diferente a la vivienda o que la ocupen terceras personas.

“El Estado busca garantizar que las personas tengan una vivienda digna y que ésta no caiga en manos de quienes no cumplen con los requisitos”, indicó la diputada del Frente Cívico.

Añadió que con respecto a la regularización de las viviendas que ya están en situación irregular de ocupación que la solución quedará en manos del Ipvu.

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