El avance de las causas que se tramitan en la Justicia Federal y que involucran a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) terminaron acelerando definiciones en el seno del radicalismo provincial.

EL SIGLO pudo conocer que ayer se agilizaron las gestiones para que el rector de esa casa de altos estudios, Juan Alberto Cerisola, encabece la lista de diputados nacionales que competirá en las elecciones legislativas nacionales de 2013. Desde la UCR aseguran que el ofrecimiento obedece a que el actual senador José Cano, quien aspira a presidir el partido, no quiere ni que le hablen de la posibilidad de integrar la nómina de postulantes a la Cámara baja, y a que no cuentan "con otras figuras de peso y que puedan asegurar votos". En este sentido, sostienen ven en el "aparato" universitario y los jugosos fondos "mineros" a entera disposición de Cerisola como una valiosa herramienta a la hora de enfrentar el siempre difícil derrotero electoral.

Sin embargo, fuentes partidarias admitieron a EL SIGLO que la propuesta estaría más vinculada a las urgencias del propio Rector (quien se siente más kirchnerista que radical), de contar con fueros legislativos para evitar “inconvenientes” con la Justicia. En este sentido, no aparece como algo casual que la información haya trascendido justo el día en se conoció un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que reconoce como prueba válida la cámara oculta que le hicieron al hoy suspendido funcionario de Cerisola, Ramiro Moreno, en la que éste último ofrecía contratos a cambio de votos para que el Rector sea reelecto en 2010 (lo que finalmente sucedió).

Fuentes judiciales confiaron a este diario que tras la feria de invierno en los Tribunales federales esa causa, que roza a Cerisola (Moreno llegó a decir cuando lo filmaban que hablaba por el Rector al ofrecer las dádivas), cobraría un fuerte impulso. Lo mismo sucedería con otra investigación referida a presuntas irregularidades financieras en un plan de obras en la UNT, por un monto que supera los 400 millones de pesos, con recursos provenientes de las regalías mineras. Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, la Gendarmería concretó, el año pasado, varios allanamientos a dependencias universitarias en el marco de esa causa.