Todo era porque buscaban hacer cumplir una medida cautelar dictada por un juez mendocino, Walter Bento. La decisión del magistrado llegó luego de un pedido de Supercanal, empresa cuya propiedad es de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Aunque la cautelar del juez Bento se firmó el pasado viernes, las objeciones que Supercanal le realiza a Cablevisión tienen más de un lustro de antigüedad.

El arribo de la Gendarmería a Cablevisión estuvo acompañado por las cámaras de televisión de América 2 (el canal de televisión que es propiedad de Daniel Vila) y las de 6-7-8, el propagandístico ultrakirchnerista que emite el estatal canal 7. El desembarco de las fuerzas de seguridad hizo recordar a los más de 200 inspectores que se apersonaron en la sede de Clarín en setiembre de 2009.

También llegan en medio del tratamiento en el Senado del proyecto oficial para controlar la distribución de papel para diarios, al que varios constitucionalistas ven como un ataque a la libertad de expresión.

"La Justicia designó a un coadministrador con facultades para analizar toda la documentación de la empresa. La denuncia la hace Supercanal. La convivencia ha quedado trunca, así que vamos a pedir medidas para permitir la intervención", precisó Ricardo Mastronardi, abogado de Enrique Anzoise, designado interventor de Cablevisión.

Según entienden en Cablevisión, ese interventor tendría una función más amplia, según habría planteado en la reunión con directivos de la misma: dividir Cablevisión en cuatro partes, retrotrayendo la situación a la anterior a 2006, antes de las fusiones de las empresas de cable del grupo Clarín, que fue aprobada en diciembre de 2007.

Los funcionarios y gendarmes se retiraron luego de que los abogados de Cablevisión reclamaran que no tenían jurisdicción para llevar a cabo el allanamiento. No está claro quién dio la orden para que Gendarmería, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, fuera a la empresa de cable. Damián Cassino, apoderado de Cablevisión, explicó que la firma ya presentó denuncias penales por allanamiento ilegal, violación de domicilio, abuso de autoridad y exhibición de armas. Sus denuncias serán instruidas por el juez Norberto Oyarbide.

Ante la consulta para preguntarle de qué se trataba su denuncia, la asistente de Daniel Vila indicó que no iba a hacer declaraciones, pero que más tarde habría un vocero disponible para responder. Sin embargo, los posteriores llamados al mismo número siempre cayeron en un contestador.

Mientras se llevaba a cabo el operativo, el juez que lo dictó - Bento - participaba de otra actuación en la Aduana de Mendoza. El apoderado de Cablevisión indicó que también apelarán la intervención. "Se trata de un juez claramente incompetente para intervenir en cualquier cuestión que afecte a Cablevisión", expresó la empresa en un comunicado (ver aparte).

Un primo de Daniel Vila, que se presentó como abogado, comandó el operativo y dio órdenes precisas a los gendarmes sobre dónde debían dirigirse.

"La acción del grupo Vila Manzano resulta absolutamente funcional a la estrategia que viene desarrollando el Gobierno nacional y sus organismos contra los medios independientes en general y los del Grupo Clarín en particular", señaló Cablevisión en un comunicado. "Tras distintos intentos frustrados por parte de la Afsca, aparece esta nueva iniciativa de la mano del Grupo Vila -Manzano que aspira claramente a beneficiarse con la misma" agregó la compañía.

Así y a cuatro años del decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner que aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal, la Justicia de Mendoza dictó la intervención de la compañía resultante durante un año para que en los próximos 60 días se produzca su desguace.

Los gendarmes y el interventor estuvieron en la sede desde las 10 de la mañana hasta las 13 recorriendo los nueve pisos y, cuando el designado interventor llegó hasta el hall del edificio, se topó con gran cantidad de empleados que lo abuchearon al grito de "queremos trabajar". (ver aparte)

Además hubo empujones y Anzoise se retiró de la sede, custodiado por los gendarmes.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo que la Gendarmería asistió al operativo a pedido de un juez, mientras que su par de Interior, Florencio Randazzo dijo que es un "disparate" apuntar contra el Gobierno, porque el amparo lo dispuso una jueza que en su momento votó en contra de la Ley de Medios.

La iniciativa fue motorizada por el llamado Grupo Vila-Manzano, que interpuso una acción de amparo para lograr "el cese de las conductas anticompetitivas que denuncia".

En el amparo también solicitó "la división de Cablevisión, mediante la segregación de los activos, pasivos y negocios que pertenecían a Multicanal -que fueran absorbidas por esa empresa- de los restantes activos, pasivos y negocios de Cablevisión, solicitando además la transferencia a terceros de estos últimos". La medida apuntó contra Cablevisión, Artear y el Grupo Clarín como controlante de ambas.