La Legislatura de Río Negro avaló en primera vuelta la iniciativa que reconoce en Río Negro el derecho a la descendencia como parte de los derechos sexuales y reproductivos, convirtiéndolo en derecho personalísimo.
Además, el Instituto Provincial de Seguro de Salud (IProSS) deberá incorporar en su cobertura con criterio unívoco la atención de las mujeres embarazadas, sus parejas y de sus hijos o hijas, independientemente del procedimiento que originara su gesta, incorporando los procedimientos de fertilización asistida de baja y alta complejidad y mecanismos de recupero de la capacidad conceptiva o fértil de sus afiliadas y afiliados, realizando dichas prácticas en el ámbito provincial del subsector público y privado dentro de las complejidades habilitadas.
La iniciativa contempla también que el Ministerio de Salud lleve a cabo campañas de información y difusión tendientes a los cuidados para la preservación obtención o el recupero de la capacidad fértil privilegiando políticas saludables y de derechos y acceso a servicios y prácticas saludables, articulando además estas acciones con los medios de comunicación masivos, con Subsecretaría de Medios y Comunicación, con el Ministerio de Cultura y el de Educación.
La legisladora Marta Milesi (ACD), autora del proyecto junto a Luis Bonardo (Foro Rionegrino), destacó en su fundamentación que con esta ley la Legislatura de Río Negro “nuevamente vuelve a ser un hito en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ya que va a ser la primera ley en Argentina (que establezca estos derechos)”.
Definió a la norma como “una legislación para la equidad y la paridad”.
Advirtió además que en la ley no se habla de infertilidad sino del derecho a la descendencia “porque esto nos para desde otro lugar, no sólo desde la concepción de enfermedad sino desde la concepción nueva que tienen la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Consorcio para la Infertilidad en Latinoamérica, que tiene que ver con considerarlo como un derecho humano y con la necesidad de que esto se cumpla”.
La parlamentaria consideró “que es necesario tener la ley porque viene a poner un marco y paraguas regulatorio”. Aseguró que “el Estado tiene que regular sobre todo en esta temática de los derechos sexuales y reproductivos”.
“Con esta ley y los protocolos vamos a impedir que se haga negocio con esto, porque se trabajaría dentro de lo que realmente marca la ciencia”, observó.
Sobre el final de su argumentación, remarcó que hoy sólo las mujeres que tienen acceso económico se pueden realizan el tratamiento y que, aun si uno tuviera la plata para hacérselo, en la Argentina de hoy ninguna obra social no sólo que no cubre el tratamiento sino que no cubre ni el embarazo ni el parto, porque vuelven al concepto viejo de que la criatura no fue concebida por métodos naturales.
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