Las recolectoras de residuos tercerizadas podrán operar desde mañana

Las firmas contratadas por la Municipalidad para reemplazar a Crese iniciarán sus prestaciones. Así lo decidió la Justicia al no hacer lugar al amparo judicial presentado por gremialistas y políticos que rechazan el traspaso.
La Justicia no hizo lugar al amparo presentado por la Multisectorial en Defensa de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) para frenar la concesión que hizo la firma de recolección de residuos a las privadas Logística Urbana y Cotreco, por lo cual mañana iniciarán sus tareas.

Así lo resolvió la jueza Graciela Faraudo, que admitió la medida exigiéndoles documentación a los amparistas.

Irina Santesteban, secretaria general del Gremio de Judiciales, una de las integrantes de la Multisectorial, declaró a Cadena 3: "La jueza decidió no hacer lugar pero sí ha admitido el recurso de amparo. Nos requirió documentación".

"Esperábamos que la Justicia tomara una medida, pero son avatares. Vamos a continuar concientizando sobre el verdadero costo de las empresas, cómo se está regalando el patrimonio de los cordobeses y cómo aumentarán los costos", consideró. "No presentamos documentación porque no la tenemos", agregó.

Faraudo ayer fue la encargada de anunciar los entretelones de la reunión que mantuvo con la Multisectorial y representantes de la Municipalidad.

Por la Municipalidad asistieron los abogados Alfredo Sapp, subasesor letrado, y Alejandro Barilari, director de Asuntos Judiciales. Sapp afirmó que el pedido de amparo tenía motivos políticos y lo justificó al decir que la Multisectorial está conformada por referentes políticos de la oposición.

La agrupación está integrada, entre otros, por Santiago Clavijo, legislador provincial por el Frente Cívico y referente del Sindicato Luz y Fuerza; y Hugo Vaca Narvaja y Pilar Ferreyra, de la agrupación La Kirchner.

En un comunicado difundido ayer, la Multisectorial afirmó: “La acción de amparo echa luz sobre las irregularidades del proceso de 'concesión' de Crese (...), que vulneró el derecho a la información de los habitantes”. Argumentan que no se dio participación al Concejo Deliberante ni a los usuarios y denunciaron una privatización encubierta.

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