Miembros de los pueblos originarios, vecinos de diferentes localidades, organizaciones sociales y estudiantiles, diputados provinciales, referentes políticos y sindicales le dieron marco a fines de la semana pasada a una importante movilización organizada por la Asamblea Pampeana en Defensa de los Ríos.

La marcha en defensa del Atuel, que nucleó a unas 700 personas, no debería pasar por alto a las principales autoridades de la provincia. Fundamentalmente al gobernador Oscar Mario Jorge, de quien esperan se ponga al frente del reclamo y supere -de una vez por todas- la pasiva quietud de sus antecesores y la vacilante postura que ha caracterizado al Estado provincial en cuanto a la política hídrica.

Hasta ahora, lejos han estado los distintos ocupantes del sillón del Centro Cívico de reivindicar los intereses del pueblo pampeano. Como bien recordaron desde la APDR, ya transcurrió un siglo del “saqueo de los recursos” por parte de las provincias de aguas arriba, principalmente de Mendoza, casi sin oposición.

Está claro que a esta altura de las circunstancias alguien se tiene que hacer cargo del perjuicio regional causado por el corte del Atuel. Y esa responsabilidad recae incluso en el Gobierno Nacional.

Tampoco la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia admite más dilaciones por parte de La Pampa. Las consecuencias de la actitud depredadora que existe sobre los ríos, que por una cuestión geográfica nuestro territorio nunca queda ajeno, ya alcanzó al Salado y la advertencia de lo que pueda llegar a ocurrir con el Colorado es más que atinada.

Las señales de los distintos sectores e instituciones que conforman nuestra comunidad son claras y todas apuntan al mismo objetivo: luchar por la recuperación de los ríos y conseguir la reparación histórica merecida por todo lo que sufrió el oeste pampeano.

En este sentido, la Universidad Nacional de La Pampa hizo un aporte crucial: logró cuantificar el daño ambiental ocasionado, una herramienta que permite conocer una especie de valor que sirva como punto de partida de una larga lucha que nos involucra a todos, por supuesto, con distinto grado de responsabilidad y sensatez.

Casi con la misma incumbencia que le cabe en este aspecto, el Gobierno Provincial también debería encarar con madurez y juicio otros frentes internos. En este caso, la masiva manifestación de los empleados estatales debería representar una luz de alerta: la Intersindical -que endureció la protesta y ahora convocó a un paro de 72 horas- ya se dio por enterada de que esta vez está en la misma sintonía de los trabajadores, y que las dos mil personas que lograron juntar como cierre de la doble jornada de protesta durante la semana pasada la fortalece en el reclamo.

...y una de arena

Pero no sólo la cuestión salarial es un punto que todavía está sin resolverse, y que merece una respuesta acorde a las circunstancias y a las posibilidades. Obra de esa manía de aplazar las decisiones, el Gobierno Provincial en su conjunto se vio involucrado en una tema que -por dejarlo fuera de agenda, y supuestamente de discusión- sigue pagando un costo político innecesario.

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La confesión del ministro de Salud de que él no era un “libre pensador” y de que su posición respecto al aborto no punible era consecuencia de la decisión de la gestión de Jorge de no adherir al fallo de la Corte Suprema de Justicia, generó un escándalo con repercusiones a nivel nacional.

Ni siquiera el rápido reflejo de los funcionarios más allegados al gobernador a la hora de salir a desautorizar al médico Mario González alcanzó para amortiguar tamaño paso en falso.

El gobernador Oscar Mario Jorge ya había tropezado contra una situación similar cuando, a poco de haber asumido, tuvo que vetar en 2007 un proyecto de ley presentado por el ex diputado Adrián Peppino, que no fue promulgado por su antecesor Carlos Verna y que le quedó como pesada herencia.

La CSJ no sólo sentó jurisprudencia y señaló que correspondía el aborto en un caso puntual. También recomendó a todas las provincias la sanción de un protocolo que detalle los alcances de una ley que ya está prevista en el Código Penal, incluso que determine las obligaciones de los profesionales de la salud.

Ese protocolo, en el caso de nuestra provincia, ahora no aparece como tan inminente como se dio a entender a la hora de la desmentida del ministro González: lo que en principio se había dejado entrever desde el Centro Cívico como una decisión en estudio y casi apremiante ya no parece tal.

Otro tema que no admite más demora al momento de buscar una solución es la falta de aulas que sufren los alumnos en los secundarios. Hubo dos casos emblemáticos dados a conocer durante la semana pasada por este diario: el Colegio República y el Polivalente.

El futuro que le depara a las ex unidades educativas una vez que se reviertan en el nuevo secundario pone en dudas incluso la postura de las autoridades del área que salieron a decir que la inversión edilicia en las escuelas alcanza los 110 millones, entre febrero de 2011 y marzo de 2012.

De la semana que pasó tampoco puede soslayarse la decisión del jury por el Caso Carla Figueroa, que resolvió dejar afuera del proceso al juez Gustavo Adolfo Jensen, a quien consideraron como jubilado y para quien el juicio resultaba “abstracto”, y avanzar sobre su par Carlos Flores. El único voto en contra de esa postura lo tuvo el diputado Martín Berhongaray, para quien -además de lo que ya específicamente dice la ley- no se evaluó la “responsabilidad política” del magistrado.