Después de que Alberto Yapura asesinó a Rosana Alderete, su mujer, y a sus dos hijos, se generó un intenso debate sobre la violencia familiar. El tema se instaló en la agenda pública, hubo reclamos por nuevas políticas y se sancionó una norma específica en la materia.
Una norma de 2002 ya se ocupaba de los casos de agresión en el hogar, pero la nueva profundizó en la problemática y generó una amplia difusión del tema.
Tras el caso de Rosana Alderete hubo numerosas marchas para reclamar justicia en Salta capital. El debate que se impulsó sobre la violencia también hizo que se demandara revisar las acciones de prevención en los últimos años.
De acuerdo a estadísticas de la Justicia, cada año ingresan a los juzgados más de 15.000 denuncias por golpes o amenazas en el ámbito doméstico. Más del 70 por ciento de las víctimas son mujeres y, del resto de los afectados, la mayoría son niños.
En 2010 el Poder Judicial de Salta creó una Oficina de Violencia Familiar en la calle General Gemes 1.551 para canalizar la atención a las personas que sufren agresión. En este espacio hay profesionales que tienen el deber de tomar denuncias y ofrecer información.
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