El grupo de capataces y choferes que trabajan en una de las secretarías más sensibles, más financiadas, pero también más criticadas de la gestión, desde la salida de Julio Elichiribehety, realizó una medida de fuerza. Piden el blanqueo de quienes después de muchos años todavía trabajan con contratos a “destajo” y los concursos para cargos de responsabilidad. En las próximas horas habrá una nueva reunión con el Ejecutivo.

Este conflicto, que no es particular del área, está cruzado por otro mayor y de futuro abierto como es el de la causa judicial que se sigue para ver si se cometieron o no irregularidades con la gestión de subsidios destinados a familias sin recursos. El delegado del grupo movilizado es el principal promotor de la denuncia y está en la “mira” del Gobierno.

Se trata de Marcelo Hidalgo, quien presentó, ante la Justicia, material que hablaría de una administración irregular de los subsidios de ayuda directa que tenían como fin a las familias sin recursos y que terminaron usándose para eludir el canal administrativo ordinario.

Hidalgo es el representante gremial de los destajistas y su vínculo está severamente dañado con el titular del área, Oscar Teruggi. Esto no le facilita las gestiones. El Gobierno estaría buscando voltear a Hidalgo, cueste lo que cueste, y una manera sería la de ahogarlo internamente en su rol gremial. Los trabajadores buscan que Hidalgo les resuelva sus cuestiones y el Ejecutivo no está dispuesto a ceder en nada que venga del lado del denunciante. Ese es el nudo.

Hidalgo apunta directamente a Teruggi, a quien en más de una oportunidad lo tildó de soberbio y de aplicar malos tratos con los trabajadores del área. La falta de tacto político del secretario para dar respuesta a las demandas gremiales de Hidalgo abría sido el motivo principal de la denuncia que hoy tiene un largo camino recorrido en la Justicia y a fin de año podría tener sus primeros resultados parciales.

Los elementos para las denuncias habrían estado disponibles desde hace largo tiempo, pero se decidió presentarlos cuando el secretario “ninguneó” al delegado en cuestión que venía pidiendo el pase a planta de varios trabajadores bajo su responsabilidad que hacían su tarea en calidad de contratados temporariamente.

Hidalgo asegura que en lugar de abrir los concursos para los trabajadores municipales, Teruggi coloca puestos políticos a los que llama, sin vueltas, “parásitos municipales”.

El delegado adelantó que la pelea “recién empieza”. Ya se dieron varias reuniones con algunas promesas pero ninguna definición.

“El planteo de Marcelo no es descabellado, pero hay que analizar con mucha frialdad qué pasará después de una posible medida de fuerza con los compañeros que tienen contratos”, sostuvo una fuente sindical.

Las experiencias no son las mejores en este sentido. Después de cada protesta por salarios o mejoras laborales, el Ejecutivo suele desprenderse de los contratados más molestos. Pasó con las trabajadoras sociales y es probable que pueda pasar en Desarrollo Social. La informalidad laboral no les da a los operarios una base sólida desde donde reivindicar sus derechos. El Ejecutivo lo sabe y por ello no reacciona de igual manera que ante otros planteos de la misma naturaleza.

“Lo están apretando de todos lados” dicen de Hidalgo. El delegado debe dar respuesta a los suyos y el Gobierno no cederá ante quien se presentó a la Justicia y reiteradamente acusa a Teruggi de ser el guardián de todas las irregularidades del área.