La Defensoría del Pueblo de la Provincia a cargo de Carlos Bonicatto, requirió al Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que informe si los planes de inversión y la ecuación económica de Coviares en la autopista Buenos Aires-La Plata justifican el reciente incremento que elevó - en sucesivos ajustes- de 2 a 3,50 pesos el valor que los usuarios de autos pagan en Hudson y Dock Sud y estableció la tarifa de "hora pico", que saltó de 4 a 5 pesos.

El pedido de la Defensoría apunta a establecer, además, en qué instancia se encuentra la renegociación contractual con Coviares, por la finalización de las obras del corredor vial, en especial "la ampliación de carriles" y la conclusión de la bajada del kilómetro 42,2, a la altura del Parque Ecológico, entre City Bell y Villa Elisa.

Asimismo, según se informó, la Defensoría le demandó al OCCOVI copia del contrato de concesión; información sobre el flujo vehicular que transita diariamente por la carretera en ambos sentidos; un detalle de los planes de inversión comprometidos; y el plazo de finalización de las obras no terminadas, que incluyen el tercer carril y la bajada de Villa Elisa, con todos los trabajos de infraestructura necesarios.

El Defensor, Carlos Bonicatto, señaló que la Autopista, "tal como funciona en este momento, está colapsada. Los dos carriles por mano están desbordados por el enorme caudal vehicular y de hecho los conductores adoptaron a las banquinas como tercer carril, con los riesgos que eso implica".

Sostuvo que la construcción del otra vía en toda la traza "es una necesidad imperiosa" y adelantó que "esa obra ni siquiera arrancó y ya quedó chica: hoy tenemos que pensar y definir un cuarto carril o caminos alternativos que descompriman la Autopista".

Bonicatto manifestó su preocupación "porque si bien la tarifa del peaje subió un 220% en los últimos 18 meses, Coviares no llevó adelante ninguna de las obras que debía ejecutar, como el tercer carril, las bajadas regionales y la conexión con la avenida 520, en La Plata, que es estratégica desde el punto de vista de la producción, porque es el canal de comunicación con el Puerto, la Zona Franca y el Astillero Río Santiago".

"La demora en la ampliación de la Autopista constituye una vulneración al derecho de los ciudadanos de circular con seguridad, para la protección de la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos, en una ruta que hoy tiene un tránsito extremadamente intenso y que crece en sintonía con el aumento exponencial del parque automotor", concluyó el Defensor, que se suma a los ya conocidos reclamos de diputados provinciales y concejales platenses y quilmeños.