De acuerdo a la información oficial entregada ayer desde el Municipio, en la nota se solicita "se proceda de forma inmediata a liquidar a favor de la Municipalidad de Rafaela los fondos correspondientes a la Ley de Obras Menores N° 12.385 y su modificatoria Leyes 12.984 actualmente denominado "Fondo para la construcción de obras menores y adquisición de equipamientos y rodados" y su Decreto Reglamentario 1406/09".

"A pesar de que la ciudad no tiene demoras en rendiciones administrativas de ningún tipo, la administración Provincial, en una actitud que puede calificarse de incomprensible cuando no discriminatoria, demora ostensiblemente la transferencia de $ 1.576.918,56", afirma.

En 2009 se había estimado desde la Provincia un aporte de 2 millones de pesos y que de ese dinero sólo llegó 1.380.000 pesos. Con esa plata se compraron varias máquinas. Lo adeudado se discrimina de la siguiente manera: 306.000 pesos destinados al cuneteo y zanjeo en el barrio Villa Los Alamos, y $ 1.274.000 que se pensaban usar para impermeabilizar la explanada municipal, la semaforización en Bv. Lehmann y las avenidas Salva y Brasil, así como también la construcción de nichos en el cementerio. Esta es la obra más complicada: es que ya se licitó y se adjudicó, pero el dinero no llegó. Los plazos están vencidos y ya nadie asegura que la empresa mantenga el precio ofertado en su momento.

Daniel Galoppo, Fiscal Municipal, en diálogo con LA OPINION, indicó que ayer emitió el recurso administrativo al estudio Giménez Lassaga de la ciudad de Santa Fe, para constituir domicilio legal en esa ciudad.

El Fiscal recordó que el Fondo de Obras Menores surge a partir de una ley -la 12.385- que es el 1% del presupuesto de la Administración Provincial Central, el cual se distribuye entre las comunas y los municipios de segunda categoría, como Rafaela. Estos fondos tienen destinos determinados: obras públicas, maquinarias y, recientemente, se le incluyó la posibilidad de que una parte pueda ser utilizada para gastos corrientes.

"Lo que se hace es presentar un reclamo administrativo previo para que, si eventualmente se tenga que recurrir a la vía judicial, se pueda hacer. Hay que agotar esta vía previamente", señaló Galoppo a LA OPINION.

En cuanto al recorrido del recurso, seguramente pasará por las áreas jurídicas hasta llegar a la Fiscalía del Estado, la cual deberá dar un dictamen. Finalmente, el Gobernador deberá expedirse respecto de este reclamo. Los plazos que rigen ahora están determinados por la ley de procedimientos administrativos. O el Gobernador se expide en unos 60 días o bien el Fiscal deberá interponer un pronto despacho para agotar la vía administrativa y queda abierta la instancia para continuar la demanda, esta vez, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

¿Se llegará a este nivel? "Por ahora, las instrucciones del Intendente fue hacer el reclamo administrativo. Creo que la idea es conseguir el cumplimiento de la ley. Es algo similar a lo que pasó con las cloacas.

Acá hay menos discusión, porque acá hay una ley y hay proyectos aprobados. Sólo falta mandar el dinero. Es más: se ha remitido el dinero a otros municipios. Las partidas deberían repartirse de manera equitativa para todos", respondió Galoppo.