Rodríguez recibió a Scovenna en el marco del conflicto suscitado en Limay Mahuida, donde Simplicio Policarpio Albornoz, un puestero que hace 73 años vive en un campo de la zona, le pidió a la justicia de General Acha que no lo desalojen, amparándose en la ley 2.222, aprobada en 2005, que prohíbe los desalojos de inmuebles rurales "siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes". Esa norma se ha ido prorrogando anualmente.

El predio le fue entregado por poder a su padre Pedro en la década del '30, pero en 1994 los hermanos Antonio y Santiago De Franco, oriundos del partido bonaerense de La Matanza, le iniciaron un juicio por medianería (alambrados) y consiguieron un fallo favorable para quedárselo de parte de la jueza civil santarroseña Gabriela Pibotto. Para ello se basaron en un boleto de compra-venta que el propio Albornoz firmó, a fines de los '80, presuntamente por pedido del presidente de la comisión de fomento de Limay Mahuida, José Luis Nieto, y del juez de paz, Walter Fuentes.

En la zona aseguran que los hermanos De Franco ya se han quedado con miles y miles de hectáreas y han desalojado a varios chacareros. A Albornoz, además, la justicia le rechazó la posesión veinteañal a pesar de que todos saben que lleva décadas en ese campo.

"Le solicité al ministro que disponga la intervención inmediata de la policía, ante una denuncia, porque estas situaciones pueden llegar a terminar a los tiros -expresó el ex legislador de la Coalición Cívica-. Actualmente rige una ley que impide los desalojos, pero igualmente quien se dice propietario (sería el santarroseño Leonardo Alessandrelli) ingresó contra la voluntad del puestero y ejerciendo violencia, más allá de que no hubo golpes. Porque nadie puede decir que no es violencia ingresar en una casa sin autorización. Y además alambró una calle. Es como si tapialaran la puerta de una casa porque don Simplicio no puede salir. De hecho, le alambraron el molino y los animales se le van a morir de sed. Por eso, si la policía no interviene rápidamente, ocurren estas cosas".

Scovenna estuvo además en General Acha hablando con Juan Bautista Méndez, el fiscal que tramita la denuncia de Albornoz contra los De Franco. "Me dijo que está pensando en unificar tres causas similares en una porque el fondo de la cuestión es el mismo", explicó. Eso no implicaría formar una comisión especial, en el ámbito judicial, que se encargue de tramitar todas las denuncias sobre desalojos en el oeste. Al menos, dos altas fuentes del Poder Judicial negaron ayer esa idea ante una consulta de este diario.

"Dicen que Nieto contrató a los alambradores. Es un trabajo de entre 70.000 y 100.000 pesos, pero existe un contrato de comodato a favor de Alessandrelli del 2 de julio al 30 diciembre. Nadie puede invertir ese dinero si se va a quedar apenas siete meses. Nos están tomando el pelo", acotó el ex diputado.

Scovenna hace años que se viene ocupando del tema. Tiempo atrás, desde su condición de abogado, defendió a otro puestero, Salustiano Suárez, y consiguió que lo sobreseyeran en una acción de desalojo y una denuncia penal por usurpación que le promovió Antonio De Franco para tratar de quedarse con el campo La Cautiva, situado entre La Reforma y Limay Mahuida.

Puesteros en La Reforma

Los puesteros de 25 de Mayo y zonas aledañas, nucleados en el Movimiento de Puesteros del Oeste, se reunirían el domingo en La Reforma para tratar el problema de los desalojos en esa zona de la provincia. Aunque actualmente la noticia es el intento por desalojar a Albornoz, nadie descarta que en cualquier momento aparezcan otras movidas similares promovidas por personas ajenas a la región.

En 2005, siendo diputado, Scovenna promovió el proyecto denominado Potro (Programa de Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste), que no fue aprobado. Un relevamiento dominial del Poder Ejecutivo en los departamentos de Chalileo, Limay Mahuida y Puelén -a través de una comisión integrada por representantes de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Dirección General de Catrastro y de la Secretaría de Asuntos Municipales- concluyó que habría una cien familias de puesteros en situación precaria con relación al título de propiedad de los campos. Sin embargo, la cifra sería más alta.