La causa penal contra 27 policías acusados de torturar a internos de la U11 durante un motín en 2004 avanzó ayer con una audiencia de ampliación de argumentos que la defensa y la querella presentaron en sus recursos de casación.

Convocadas las partes por el Tribunal Superior de Justicia, los abogados Federico Egea y Santiago Nabaes, en representación de la querella, reclamaron ayer que todos los policías imputados sean condenados, toda vez que, consideraron, no sólo tenían conocimiento de lo que estaba pasando sino que fue necesario el aporte de cada uno de ellos para la comisión del delito.

“Sin la colaboración general del grupo de requisa no hubiera sido posible. Hubo un reparto de funciones, el aporte de cada uno hizo posible la totalidad del hecho”, afirmaron.

Solicitaron, además, que sean condenados por torturas y no por severidades y vejaciones agravadas, como ocurrió en el caso de seis. Si bien el voto mayoritario que expresó en su sentencia la Cámara en lo Criminal Segunda en 2010 excluye esta figura, la querella entiende que fue vulnerada la integridad y dignidad de los internos, daño que no trasunta sólo a través de la agresión física. “Hubo en esto una intencionalidad directa”, indicaron.

Repararon, además, en un dato que consideraron no menor: la repetición. “No fue un hecho aislado -dijeron- la sistematización también está acreditada”.

Es decir, para la querella quedó claro que las agresiones físicas y mentales que sufrieron los internos, casi 50, desde humillaciones y promesas de muerte hasta lo que se conoce como bastinado, se prolongaron durante cuatro días, entre el 24 y el 27 de abril de 2004.

La dinámica y prolongación de los hechos de violencia, agregaron, más allá del control que se realizó puntualmente sobre la base de un presunto motín, demuestra un “proceso absolutamente irregular que para nada consistió en apaciguar” lo que estaba pasando.

Defensa

A su turno, por la defensa expuso sus argumentos Estefanía Saulí, que interpuso un recurso por cuatro efectivos condenados, aunque representa a 16 imputados.

La letrada calificó el hecho como “un motín con intento de fuga” que puso “en peligro la seguridad pública”. Afirmó que la Policía no irrumpió en “forma sorpresiva”, pues había un “reclamo extralimitado de los internos” que derivó, por ejemplo, en la quema de colchones.

Recordó que en número superaban a la fuerza, de modo que debió apelarse a refuerzos para “contener la situación”. “Los internos querían escapar. No hablamos de nenes de jardín que querían salir al recreo”, advirtió. Por lo tanto, consideró lógico que en este contexto haya lesiones, de una parte y de la otra. ”Varios internos estaban armados con facas”, apuntó.

Tras repasar el hecho replicó de forma contundente la exposición de la querella.

Dijo que se “vulnera el principio de responsabilidad al pretender incorporar la figura de tortura grupal” y que, en todo caso, hay que determinar el accionar individual en lugar de “meter a todos en una misma bolsa”.

Aclaró, además, que mientras duró el enfrentamiento participaron al menos tres grupos de requisa, sin contar el apoyo de los bomberos y de personal de la Metropolitana. “No fueron siempre las mismas personas”, sostuvo.

Manifestó que la calificación penal que solicita la querella es “traída de los pelos. No están dados ninguno de los requisitos para que se configure ese tipo penal, hay otras figuras como apremios y vejaciones”. Consideró que la tortura es mucho más que “un enrojecimiento de la piel” o que “hacerles cantar el himno”; y agregó que los médicos forenses tampoco advirtieron alteraciones psíquicas posteriores.

El juicio contra los 27 policías se realizó en mayo de 2010 y sólo seis de ellos fueron condenados por severidades y vejaciones a penas de 3 a 4 años de prisión.

El tribunal dará a conocer su sentencia el próximo 3 de agosto. La querella pidió ayer al Tribunal que resuelva el fondo de la cuestión, pues considera innecesario un nuevo debate para garantizar el debido proceso.