Escándalo. La denuncia, que tomó estado público, recorrió los medios nacionales. Escándalo. La denuncia, que tomó estado público, recorrió los medios nacionales.

A partir del caso de los supuestos vejámenes a una niña de 11 años en el hogar Ana y José Fracciola, el 8 de febrero pasado, desde el Colegio Profesional de Asistentes Sociales (CPAS) salieron a reclamar mayor decisión política para llevar adelante la ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

“El detonante fue lo que sucedió en el hogar Fracciola y la idea fue tomar la palabra de un grupo de colegas que trabajan en la Subsecretaría con los que hace un tiempo venimos tratando de hacer escuchados sus reclamos. El tema del hogar fue lo que se mediatizó, pero queremos un análisis más profundo”, dijo la presidenta del CPAS, Carina Belletti.

“Hoy no se está trabajando en las condiciones que se debería hacerlo. Hace falta la voluntad política para poner en marcha y darle contenido a una ley que es buenísima, pero que sin eso no sirve”, agregó.

“Repudiamos todo acto de violencia –aclaró–, pero entendemos que muchas de las situaciones que se están dando son consecuencia de que se está trabajando mal. Además tengo entendido que el centro no tiene un equipo de profesionales ni de trabajadores sociales. Por eso queremos poner en debate público esta situación”.

“No pasa sólo por responsabilizar sólo a la Subsecretaría de Niñez de la provincia, sino que tiene que ver con las políticas generales de niñez que también están en las áreas de educación y salud. Queremos que se mejore la situación no sólo del hogar sino de todo lo que tiene que ver con niñez”, aseguró.

Luego agregó: “La falta de equipos profesionales hacen que las urgencias sean notorias. Hay situaciones en las que se trabaja mal y hasta exponiéndose por no hacer las cosas como correspondería por la falta de recursos. Por ejemplo, si hay una sola computadora y eso te atrasa la salida de los dictámenes es un problema. Eso va de lo mínimo a lo más grande y tiene que ver con una decisión política de poder pensar en serio un sistema de protección. Muchas veces se trabaja en soledad y se pone el cuerpo a las intervenciones. Ése es el reclamo que se viene haciendo desde hace un tiempo”.

Luego la profesional aclaró que desde el colegio aún no se requirió una reunión con funcionarios del área. “Nosotros no pedimos una instancia de encontrarnos con funcionarios. Tuvimos contacto con funcionarios de la gestión anterior. Igualmente nosotros participamos en el Concejo provincial de la Niñez y tenemos instancias de intercambio. Esa puede ser una posibilidad de abordaje”.

“La principal traba es la falta de recursos humanos y materiales. En el interior había bastante precarización laboral por lo que no era estable el personal y eso dificultaba el abordaje a largo plazo. Lo edilicio también es importante. Si bien la ley de Protección Integral apunta a que el niño pueda tener, al momento de que se dicta una medida excepcional para retirarlo de su hogar, no hay instituciones suficientes para eso. Por eso hay situaciones emergentes para dar respuesta y ese es un tema grave que tiene que ver con los recursos”.

“Eso influye en el tratamiento. En el caso de la nena tenía una patología por la que necesitaba estar en un lugar especializado. No sé cuál es el motivo por el cual terminó en ese lugar donde las personas que estaban ahí no estaban capacitadas para trabajar la temática de salud mental que la nena tenía. Pero no conozco la situación especial de ese hogar”, dijo Belletti.