Las cooperativas necesitan un millón de pesos mensuales para cubrir una parte del último aumento salarial del 10 por ciento que tuvieron en junio, y les generó un déficit importante, según indicó el titular de Fepamco, Abel Argüello.
Estos incrementos salariales les provocan a las entidades solidarias mayores costos, que les representan un déficit financiero importante. Por eso, piden un reconocimiento en principio del 4,5 por ciento de la tarifa, con lo que el aumento no se trasladaría a los usuarios.
El presidente de la Fepamco afirmó que el gobierno provincial ya reconoció en mayo pasado un 4,2 por ciento de subsidio, sobre un 10 por ciento de aumento salarial que lograron los trabajadores de Luz y Fuerza.
"En marzo, tuvimos un aumento salarial del 10 por ciento, y la Provincia nos reconoció en mayo un 4,2 por ciento. Luego, les advertimos que se reconozca también el segundo aumento, que también fue del 10 por ciento, ya sea con la suba de tarifas o de subsidios", agregó el dirigente.
Las cooperativas mantuvieron en las últimas semanas un plenario provincial, donde decidieron finalmente -y ante la crítica situación- dejar de pagar el 50 por ciento de la factura de la Administración Provincial de Energía (APE).
De esa forma, las instituciones solidarias presionaron al gobierno provincial que ahora deberá solucionar una situación que promete agravarse frente a la falta de una respuesta concreta. Las cooperativas argumentan su reclamo en el artículo 33 de la Ley 1101, y el convenio con el Estado Provincial, que lo obligan a "reconocer los mayores costos" de las distribuidoras.
Un millón.
Con ese millón de pesos mensuales, el gobierno provincial se aseguraría no incrementar las tarifas del sistema eléctrico, evitando también un nuevo punto de conflicto con la sociedad pampeana. "Con ese subsidio no se tocarían las tarifas", dijo Argüello.
El titular de la Fepamco, además, reconoció que el déficit que actualmente padece cada cooperativa es distinto. "Hay una cuestión de escalas, y situaciones particulares, porque es cierto que cada cooperativa también tiene su estructura con una determinada cantidad de trabajadores y los aportes correspondientes", comentó.
Dijo, por otro lado, que el conflicto tiene que solucionarse dentro de los próximos diez días, el plazo en el que las cooperativas tendrían que pagarle a la APE. "Si la decisión pasa por un aumento de la tarifa lo tienen que definir antes de fin de mes, porque sino vamos a pérdida por la retroactividad en el pago", agregó.
Además, Argüello indicó que es necesario en la provincia un cambio integral del esquema tarifario, y que la forma de subsidiar indiscriminadamente a la población es injusta. "Tratar a todos por igual es la mayor injusticia", sentenció.
El aumento en la tarifa eléctrica también implica un problema para el gobierno provincial, ya que la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, implementó una resolución con la que las provincias que aumentan la tarifa pierden como consecuencia un subsidio nacional.
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