El decreto que le otorga el poder en el mercado petrolero a Axel Kicillof ha prendido las luces de alerta en la oposición. Es que, por vía de ese decreto, la Nación avanza sobre atribuciones de las provincias petroleras, entre ellas Mendoza. Es por eso que, por ejemplo, la UCR se reunirá en la mañana de hoy para ver qué hacer frente al embate nacional, aunque desde ya el titular de la fuerza Alfredo Cornejo asegura que "la Nación otra vez avasalló a Mendoza".

Desde el PD se indica que el Gobierno nacional va a contrapelo de lo que se debe hacer para atraer inversiones y que "los que votaron la expropiación de acciones de YPF no se hagan las gallinas encandiladas, porque esto es la consecuencia de lo que votaron", dijo el diputado nacional demócrata Omar de Marchi, en obvia alusión al voto afirmativo del radicalismo en el Congreso de la Nación.

A su turno, la senadora nacional Laura Montero (UCR) lanzó su versión al indicar que la Nación no puede arrogarse el poder de quitar concesiones petroleras, dado que esa potestad es de las provincias, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional y a la Ley 26.197, conocida como "Ley Corta".

La cuestión petrolera empezó a tomar ribetes dramáticos, en lo que hace al federalismo y a las potestades que tienen las provincias sobre sus recursos naturales. Es que el viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 1277/2012, que reglamenta la ley 26.471 (por la que se expropió YPF).

En el artículo 2 de ese decreto se dispuso la eliminación de la libre disponibilidad de la producción de hidrocarburos, del sistema de desregulación, libre exportación e importación de hidrocarburos y la libre fijación de precios.

En esa misma polémica norma se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que quedará a cargo del viceministro de Economía Axel Kicillof, junto al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y al secretario de Energía Daniel Cameron.

Asimismo, en el decreto también se le otorga a la comisión la facultad de "asegurar precios comerciales razonables" estableciendo a su vez los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno.

Ante este organismo es que las empresas petroleras deberán presentar sus planes de inversión, los que serán aprobados por la tríada de funcionarios nacionales. Y en caso de incumplimientos, esta comisión podría quitar licencias de explotación.

Y es acá donde los consultados ponen el grito en el cielo. Y es en este punto donde surgen todos los interrogantes radicales, quienes se han convocado de urgencia al Comité Provincia de la UCR, a primera hora de hoy, para analizar finamente lo que ya han discernido durante el fin de semana. Así, los legisladores nacionales por Mendoza de esa fuerza, más los presidentes de los bloques provinciales y el presidente del partido se verán las caras, para anunciar a media mañana una serie de medidas.

Avasallamiento

Sin embargo, más que el revuelo político, lo que se espera es una definición por parte del Gobierno provincial que encabeza Francisco Pérez. Quizá en este sentido la que lo dice con todas las letras es la senadora Montero: "Las provincias petroleras deberían estar en pie de guerra. Ponerse los pantalones largos frente a los patoteros que nos siguen avasallando".

La legisladora y ex ministra de Economía de la provincia señala que no es descabellado pensar que haya una instancia de coordinación por encima de los estados provinciales, pero otra cosa es "concentrar el poder en Kicillof" y "arrogarse el poder de quitar concesiones, que es potestad de las provincias".

Otro de los que señala la voluntad política de Pérez es el diputado nacional Enrique Vaquié: "Es de esperar que los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos en general, y Francisco Pérez en particular, muestren voluntad política para frenar ese avasallamiento del sistema federal".

Las inversiones

De Marchi dice que el negocio petrolero es capital intensivo, "hace falta mucha plata y el Estado no la tiene", asegura el diputado nacional demócrata, por lo que el legislador entiende que YPF necesita del aporte privado para poder operar. "Pero todas las medidas van a contramano de este concepto de atracción de inversiones. Hacen todo mal y el año que viene vamos a comprobarlo con los niveles de producción", dijo y recordó que la producción de junio cayó un 2,8% respecto del mismo mes del año pasado.

Pero, además, De Marchi se tomó la licencia de mencionar sutilmente al radicalismo, fuerza política que acompañó la expropiación de las acciones de YPF. "Esa ley declaraba la intervención en toda la cadena del negocio petrolero. Este decreto del viernes es la consecuencia directa de eso que votaron algunos de la oposición", aseveró.