Ante los serios perjuicios económicos provocados por el bloqueo de los estibadores a las actividades de carga y descarga, las cámaras de la industria pesquera local aseguraron ayer que este hecho tendría que ser considerado como "un punto de inflexión" a partir del cual debería ser elaborado un "protocolo que limite cualquier tipo de protesta en el ámbito del puerto de Mar del Plata".

El pedido fue formulado luego de que a lo largo de los últimos años, la estación marítima local fuera escenario de diferentes medidas de fuerza que paralizaron la actividad en los muelles y mantuvieron obstruidas parcial o totalmente sus principales vías de acceso y egreso. No obstante, para los dirigentes empresariales, el conflicto de los estibadores liderado por el SUPA adquirió esta vez proporciones singulares. De hecho, los representantes de las cámaras no dudaron en cuestionar al secretario general del gremio, Juan Carlos Ferreyra, quien además de su actuación sindical, ocupa un puesto dentro del consorcio de administración del puerto local. "Es incompatible que alguien que ejerce una función de director dentro de este organismo público al mismo tiempo esté protagonizando este bloqueo", sostuvo al respecto el presidente de la Cámara de Armadores, Darío Socrate.

En este sentido, y con el apoyo de los representantes de las otras siete cámaras del sector, Socrate sugirió que las autoridades que promovieron su designación "se hagan responsables" ya que así "no puede seguir". Entre los antecedentes de las protestas realizadas en los últimos años, las que se desarrollan por estos días y las que podrían avecinarse en el futuro, las cámaras pusieron el acento en la necesidad de que sea creado una mecanismo que encauce las eventuales manifestaciones dentro del puerto. "Estos métodos tienen que terminar", enfatizó el presidente de CEPA, Oscar Fortunato, argumentando que por tratarse de un área regida por normas de seguridad internacionales en la que se realizan despachos al exterior, dentro del puerto debería ser garantizado un mayor control del que existe. Concretamente, Fortunato instó a que "cada uno de los actores del consorcio portuario, la Justicia Federal, la Prefectura Naval" elaboren un protocolo que fije pautas y establezca mecanismos de acción. "Entendemos que esto evitará frases que hoy escuchamos muy a menudo como 'no es responsabilidad nuestra', 'no es mi área', 'no puedo hacer nada' y también permitirá desarrollar la protesta pero en términos de convivencia racional", señaló.