Estudiantes pedirán al gobernador que separe del cargo a Tapia, interventora del organismo, y le iniciarán juicio. González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la UNT, dijo que esperan la respuesta por escrito de la titular del ente para evaluar si van a la Justicia o no
El consejero superior estudiantil por la mayoría Martín Rivas (Franja Morada -FM-) adelantó que continuarán la lucha para que la interventora del IPLA, Clara Ester Tapia, sea separada del cargo y para que se regularice el funcionamiento del ente. Señaló, además, que la denunciarán ante la Justicia. "Más allá de las disculpas, debe haber responsables. No se trata de un hecho aislado; lo de Psicología fue la gota que rebasó el vaso. La interventora debe ser separada del cargo", manifestó.
Según denuncias de alumnos y de la decana de la facultad, Adela Estofán de Terraf -que motivaron la condena unánime del Consejo Superior y de la Federación Universitaria de Tucumán (FUT)-, hacia las 19 de ese día, policías provinciales de civil y uniformados y agentes del IPLA ingresaron, sin orden judicial y con armas desenfundadas, a Psicología y se incautaron de bebidas y del equipo de audio. Esa unidad académica, como todo edificio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se encuentra bajo la órbita de la Nación, por lo que la jurisdicción de la Policía provincial no la alcanza.
Pese a que el gobernador, José Alperovich, reconoció el jueves que el IPLA se había equivocado; a que mandó al ministro de Seguridad, Mario López Herrera, a que les pida perdón a las autoridades de la UNT, y a que este les prometió a los estudiantes que el organismo no volverá a violar la autonomía universitaria, la cuestión no acabó allí.
El pedido de remoción a Tapia será presentado por mesa de entradas de la Casa de Gobierno. En esa misma nota pedirán al gobernador que regularice el IPLA. "Él deberá arbitrar los medios para que se nombren, con acuerdo de la Legislatura, los tres directores que prevé la ley", indicó Rivas. En su artículo 9°, la norma por la que se crea ese organismo -N° 7.243, sancionada en octubre de 2002- expresa: "el IPLA estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y dos vocales, debiendo al menos uno de los directores ser profesional con experiencia".
No conformes con pedir la separación de Tapia, Rivas anunció que la FUT, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y FM le iniciarán acciones legales: "la denunciaremos por abuso de autoridad y por violación a la propiedad privada".
Desde la institución
La UNT espera una respuesta por escrito de Tapia para evaluar si promoverá o no una acción judicial por los sucesos en Psicología. Así lo precisó Augusto González Navarro, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. "Formulamos un requerimiento a la interventora, para saber si el operativo se llevó adelante con conocimiento y disposición de ella, si contaron con orden de autoridad judicial competente; y estamos a la espera de una respuesta por escrito en forma expresa", señaló el letrado. Desde el jueves, Tapia cuenta con 72 horas hábiles para responder. "veremos qué nos contestan. Un juicio no está descartado, pero tampoco está planificado; por ahora no es una alternativa", puntualizó.
LA GACETA se comunicó con Tapia; pero esta se excusó de responder: "ahora estoy ocupada, después lo atiendo"; y pidió que se la llame una hora después. Sin embargo, fue imposible volver a contactarla: su secretaria atendía el celular, y respondía que la interventora no estaba o que estaba ocupada.
n Denunciada
El ex legislador Esteban Jerez denunció ante la Justicia federal a la interventora del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, Clara Tapia, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de domicilio. "La irrupción al claustro universitario fue llevada a cabo sin orden escrita de juez competente, lo que invalidaría cualquier accionar ulterior por parte de la funcionaria", afirma el ex fiscal anticorrupción.
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