También pidieron al magistrado que el IPPV no entregue ninguna de las 167 casas que ya están construidas hasta tanto la Fiscalía resuelva la investigación que lleva adelante por las supuestas estafas que se habrían concretado.

Las medidas cautelares fueron avaladas por 35 familias que a través de su representante legal, Celia Delgado, elevaron al Juzgado Civil, Comercial y Minería 5, de Richar Gallego, los escritos para que se adopte esta serie de medidas.

La primera apunta a que tanto el Sindicato de los Trabajadores que dirige Carlos Sansuerro como la Cooperativa House Vial –que a nivel local encabeza Carlos Iturburu– no pueda seguir vendiendo lotes de ningún plan. "El objetivo es que se prohiba cualquier tipo de contrato para que no se vea afectado el patrimonio", comentó uno de los damnificados.

La segunda busca una inhibición general de bienes sobre las dos entidades y sus representantes legales. Y la última –que está también vinculada a las dos primeras– que se prohiba al IPPV la entrega de las 167 casas que ya están terminadas hasta tanto la justicia penal termine la investigación que lleva adelante sobre las supuestas estafas cometidas contra por lo menos 300 familias, según se desprende del propio expediente.

La semana pasada varios de los denunciantes instalaron una mesa en la esquina de Italia y Tucumán –a metros de la sede de House Vial– denunciando públicamente las irregularidades cometidas en la comercialización de las viviendas. Es por eso que en los últimos días, más de medio centenar de personas también buscaron sumarse al grupo de denunciantes ya que sospechan que tampoco lograrán acceder a las viviendas comprometidas.