La odisea de esta mujer comenzó cuando hace 9 años se anotó en el IPV junto al que por ese entonces era su marido, para tratar de conseguir una vivienda.

Luego de esa fecha nunca más tuvo noticias sobre el trámite, hasta que en octubre del 2011, recibió una notificación en la que se le informaba que se le había preadjudicado una casa en el barrio Los Ceibos y que debía pagar $18 mil y 19 cuotas de $ 500, lo cual hizo.

Durante ese lapso transcurrido, María Di Carlo tuvo su segunda hija y a principios del 2011 se separó de su marido, quien las desalojo de la casa en la que vivían, por lo que debieron ir las tres al departamento de su madre a vivir "en condiciones muy malas, porque el lugar es chico y no entramos, de ahí la alegría que tuvimos con la noticia de recibir la vivienda", explicó María.

Sin embargo ahí comienzan las complicaciones ya que su ex marido, que figura como copropietario se negó a firmar la documentación que certificaba la entrega, por lo que el IPV decidió no entregarle la casa "y me comunicó verbalmente que la perdí, sin importarle que no era por una negativa mía sino de mi ex, y sin considerar que yo estoy a cargo de mis dos hijas de 9 y 5 años", remarcó la denunciante.

"Ante la desesperación una abogada del Instituto me dice que para que no pierda la casa, tenía que pedir que se me entregue una de la segunda etapa, y yo por ignorancia accedí, sin saber que para eso faltaba mucho tiempo".

En medio de esta situación Di Carlo debió demostrar y presentar documentación que certifique que estaba en trámite de divorcio y que ella tenía la tenencia provisoria de las hijas, lo cual hizo en tiempo y forma.

A su vez la mujer interpuso una revocatoria ante el IPV contra una resolución que le retiraba la adjudicación porque ella había manifestado esperar la segunda etapa.

Pero mientras todo esto ocurría una vecina de la nueva vivienda, la cual nunca pudo ocupar, le avisó que el 3 de marzo se la estaban entregando a otra familia.

Al ir Di Carlo al lugar se encontró con un abogado que le dijo que "no tenía porque estar ahí y que la nueva adjudicación era legal".

Esto llevó a que realizara una denuncia en la comisaría 7ª, narrando los hechos y para dejar constancia de lo que ella entiende como una usurpación.

"Debo recurrir a los medios porque es lo que me queda, ya hice todo lo que pude y debía en el IPV, inclusive recurrí a la justicia con una denuncia policial, en el IPV nunca tuvieron en cuenta el derecho a las viviendas sociales que son del pueblo, me trataron muy mal cada vez que fui a reclamar y no consideraron la situación de mi familia, siendo que yo comunique al IPV con anterioridad mi situación con el padre de mis hijas", señaló Di Carlo.