Mediante un nuevo proyecto, el diputado Hallar, presidente de la bancada radical en la Legislatura provincial, pidió al gobierno que a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley 2.658 -de Evaluación de Impacto Ambiental-, presente de manera urgente los informes anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 sobre la situación ambiental de nuestra provincia.

“El gobierno nunca cumplió con la Ley de Impacto Ambiental, porque nunca presentaron los informes correspondientes, que deberían contener el análisis y la evaluación del estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio provincial, según lo estipula el Artículo 28 de la ley. Por eso desde nuestro bloque volvimos a pedir que se presenten los informes de inmediato, ya que esto constituye una falta muy grave”, destacó Hallar.

Según remarcó el legislador, la idea central de la Ley 2.658, que fue aprobada por unanimidad en el año 2003, era contar con un instrumento legal que permitiera identificar, interpretar y prevenir los efectos de corto, mediano o largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados pudieran causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales y culturales existentes en la provincia. Por eso se estableció aplicar el procedimiento técnico-jurídico-administrativo denominado Evaluación de Impacto Ambiental; definiéndose sus alcances, metodología, régimen de control y otros asuntos conexos. Además, la ley contempla aspectos vinculados con la educación ambiental, el seguro y fondo de restauración ambiental y la información ambiental.

“En esta norma se estableció la obligación de que el gobierno presente un Informe Anual Ambiental, que debía contener todos los datos sobre la situación ambiental de la provincia y que debía ser remitido para su aprobación al Parlamento provincial, pero pese a la claridad del mandato legal, el Poder Ejecutivo nunca remitió a esta Legislatura ese informe”.

Hallar también pidió que, además de los informes, se presente un presupuesto de medidas ambientales a ser instrumentadas, para que las mismas también tengan debate parlamentario y puedan ser expuestas a la sociedad.

Según detalló Hallar, pese a que en Santa Cruz se registra actividad minera a cielo abierto, se cuenta con una mina de carbón, con una extendida explotación hidrocarburífera y se han registrado en los últimos años incidentes que causaron daño ambiental, como el derrame de petróleo que afectara la colonia de pingüinos de Cabo Vírgenes o la contaminación acaecida en el yacimiento Piedra Clavada, perteneciente a la Empresa Pan American Energy, el gobierno parece no dar cuenta de ello y omite sistemáticamente la presentación de los informes.

“Esta norma no está siendo respetada, como tantas otras en la provincia de Santa Cruz, y al parecer al gobierno el cuidado del ambiente y el respeto a las instituciones no le importa. La reglamentación de la ley fue aprobada por Decreto 007/2006, publicado en el Boletín Oficial 3.931 del 9 de febrero de 2006, pero nunca se recibió en la Legislatura ningún informe. Resulta inadmisible que se violen las normas desde el estado, que debe ser el garante de la seguridad jurídica”.

Finalmente, el diputado sostuvo que el gobierno debe informar a los ciudadanos sobre el estado ambiental de la provincia y sobre los planes que se llevan adelante para ir paulatinamente mejorando la situación, y destacó que esto permitirá a los ciudadanos participar de las decisiones de gobierno y sería un avance social, constituyendo un paso hacia garantizar la libertad de información, por lo menos en esta materia.