En su informe anual, Naciones Unidas cuestionó a la Argentina por casos en Buenos Aires y en la provincia.
El organismo observó a comienzos de marzo que a raíz del sistema federal de gobierno "muchos de los derechos" no se protegen de manera uniforme en todo el país, por lo que pidió adoptar medidas para que "toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos en cualquier parte del territorio nacional".
El Comité de la ONU, que realizó consideraciones al examinar el cuarto Informe Periódico de Argentina , "observó con preocupación" la "abundante" información sobre el uso frecuente de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en comisarías de policía y establecimientos penitenciarios, en especial de Buenos Aires y Mendoza.
En ese sentido, sostuvo que "muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquellos que terminan en la condena de los responsables" y consideró que el hecho "genera altos índices de impunidad".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el ámbito más importante del mundo en lo que hace a la relación con los Estados. La sede del Comité se encuentra en Ginebra y se reúne dos veces al año en esa ciudad y en Nueva York.
El comité vigila el cumplimiento del pacto de derechos civiles y políticos de 1966. Todos los países de las Naciones Unidas voluntariamente se someten a un control, entre ellos la Argentina, tarea que cumplió a comienzos de marzo de 2010.
El sistema determina que el país presente un informe de la Cancillería sobre la situación de los derechos humanos pero además organizaciones civiles presentan informes denominados por las Naciones Unidas como "sombra".
La Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, grupo interdisciplinario de Mendoza que trabaja sobre esos aspectos, emitió informes sobre la provincia en castellano y en inglés, pero el más grande e importante sobre el país fue el del CELS y también envió informes una tercera organización.
"En el caso de Mendoza hubo amplía información crítica sobre la situación de las cárceles y por la demora en los juicios a militares en la Justicia Federal por los delitos de lesa humanidad. También se informó sobre varios casos de violencia policial y también hubo críticas a la situación planteada con varios derechos que tiene la población", dijo Carlos Varela Álvarez, abogado de la asociación mendocina.
Desde Gobierno, el ministro Mario Adaro se excusó de responder a estos planteos y pidió más tiempo para analizar la información.
El informe toma la situación general de los países y hechos puntuales. En Mendoza destaca la primera ejecución en democracia como fue la de Roberto Castañeda en 1989 en El Pastal, que fue asesinado de un balazo por un comando policial y luego fue incendiado el vehículo en que fue ejecutado.
"Ese caso lo llevamos junto con Diego Lavado. Fuimos al sistema interamericano y el caso finalmente fue reconocido por la Cancillería por los Estados nacional y provincial y cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado y de la Asesoría de Gobierno. Fue la primera vez que actuó en la provincia el Equipo de Antropología Forense que, a través de un arduo trabajo, lo pudo identificar.
La ONU además expresó preocupación por la práctica judicial en la calificación de los hechos "asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores". También denunció la situación de la mujer y la ausencia de una ley de ética pública.
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