Desde hace meses que las paredes de toda la provincia están empapeladas con afiches de candidatos de distintos partidos y las propagandas electorales inundan los medios de prensa. Sin embargo, el órgano fiscalizador esperó hasta ayer para recordar que esas actividades están permitidas recién 30 días antes de las elecciones.
El organismo fiscalizador se tomó su tiempo para analizar el caso y recién ayer emitió una resolución, mediante la cual ordenó a los "distraídos" candidatos que se abstengan de difundir propaganda electoral vinculada a los comicios del 28 de agosto hasta el próximo miércoles 27 de julio, inclusive.
Con la firma de su titular, Antonio Estofán, junto a las de los vocales del órgano: el legislador alperovista Armando Cortalezzi y el camarista Manuel López Rougés, el documento emitido por la JEP hace la misma recomendación a los medios de comunicación televisivos, radiales y gráficos.
Dirigida a todos los partidos políticos que actúan en los ámbitos provincial, municipal y comunal, la resolución recordó que "no pueden realizar publicidad electoral, con miras a las elecciones convocadas para el 28 de agosto de 2011, hasta el día 28 de julio de 2011". Además, advierte que, en consecuencia, "deben retirar de los espacios públicos toda la propaganda que hoy exhiben, en un plazo no mayor de 72 horas, bajo apercibimiento de disponer que las municipalidades o delegaciones comunales correspondientes ejecuten esa orden".
Infracción constatada
Según explica la resolución, la JEP realizó un relevamiento en las principales localidades de la provincia con el objetivo de constatar la denuncia del partido Demócrata Cristiano "tarea que concluyó el 13 de julio pasado". Y agregó que "ese informe muestra que prácticamente todo el espectro partidario de la provincia se encuentra publicitando a personas como candidatos para cubrir los cargos a elegir" en agosto. "Esta situación también se puede constatar mirando los aparatos de televisión, escuchando las radios y leyendo los periódicos de circulación en el territorio provincial", agregó el organismo.
A continuación, la JEP recordó que el fin de la prohibición de hacer propaganda fuera de los fijados por la ley electoral apunta "a disminuir los gastos de las campañas electorales, persiguiendo el objetivo de poner en igualdad de condiciones a quienes cuentan con pocos recursos y aquellos que tienen grandes aparatos e importantes presupuestos. El legislador buscó una competitividad leal", acotó.
Por otra parte, resaltó "la limitación temporal a la emisión y publicación de mensajes destinados a la captación de votos, no puede considerarse como una reglamentación irrazonable de la libertad de expresión. Esta restricción reconoce su razón de ser en la protección que dispensa el Estado a la igualdad de oportunidades", subrayó. Finalmente, la JEP admitió que "la publicación con fines electorales antes del tiempo legal es real y palpable, y no permite considerar que la prohibición legal habría sido abrogada en razón de que todos, o casi todos, los partidos políticos (incluso el partido denunciante), se encuentran publicitando sus candidatos, por tratarse de una ley de orden público".
Planteo opositor
Por su parte, desde la Democracia Cristiana, el dirigente José Páez recordó que la presentación realizada ante el organismo de fiscalización electoral "apuntó en todo momento al cumplimiento de la legislación electoral provincial que autoriza la publicidad política electoral sólo 30 días antes del comicio".
En este sentido, advirtió que "desde el mes de febrero que el pueblo de Tucumán es bombardeado por publicidad política, en especial del oficialismo gobernante, que a todas luces se realiza con dineros públicos. De allí surgió nuestro reclamo ante la Junta Electoral Provincial. No cabe duda que publicidad indiscriminada, en especial del oficialismo violenta las normas fijadas y además atenta contra el equilibrio que debe darse en la materia política electoral", disparó.
Por otro lado, Páez sostuvo que "quienes ejercen el Poder Ejecutivo Provincial, comprendiendo a ministros y secretarios, y la Legislatura en su conjunto, que por sus jerarquías institucionales deben ser los más aplicados en el cumplimiento de la ley, son los que principalmente la violentan".

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