La decisión, según fuentes judiciales, sería notificada en las próximas horas al juzgado de Instrucción número 2 de General Acha, a cargo del juez Alvaro Reyes, aunque todavía no se conocen los detalles. En este caso, el Concejo Deliberante podría comenzar el trámite para su inhabilitación como intendente una vez que también sea notificado de la decisión judicial, según informaron fuentes tribunalicias de esa ciudad. Por su parte, los concejales opositores veinticinqueños esperan la decisión del TIP para separar al jefe comunal de su cargo.

Bravo fue procesado por el delito de abuso de autoridad por las irregularidades detectadas en la habilitación del cabaret "El Rancho", involucrado en siete casos de trata de personas. En un primer momento, Reyes había dictado la falta de mérito, pero la fiscal Ana Laura Ruffini recurrió esa resolución a principios de abril, y el expediente llegó al TIP. Ese Tribunal en mayo revocó el fallo del magistrado achense y lo procesó. Poco después, los abogados del intendente presentaron una pedido de nulidad para la decisión tomada por el TIP, y ahora ese tribunal habría tomado la resolución contraria al planteo.

De resolver el TIP el rechazo al pedido de Bravo y dejar firme el procesamiento, como se estima, esta semana el expediente podría volver a manos de Reyes y entonces se notificaría al Concejo Deliberante de la situación judicial del jefe comunal. Entonces el cuerpo deliberativo debería inhabilitarlo, de acuerdo a la Ley 1.597 Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que en su artículo 118 indica que cuando se impute al intendente la comisión de un delito doloso, la "suspensión en sus funciones procederá automáticamente cuando el juez competente dicte el auto de procesamiento y éste se encuentre firme".

La causa abierta a Bravo, y a otros dos funcionarios que fueron sobreseídos, fue una derivación de la iniciada por la trata de personas, en la que está procesado y detenido en la Unidad 4, Javier Ulrich, un santarroseño de 43 años que es señalado como el dueño del cabaret "El Rancho". El sospechoso llegará a debate el 29 de junio y será el primer caso por este delito que se juzgue en la provincia.

Acatar.

En un discurso realizado en 25 de Mayo hace algunos días, Bravo dijo que "acatará" la decisión de la Justicia en caso de que sea suspendido. "Si me suspende la Justicia será una suspensión y no una destitución. Pero llegada esa situación extrema, voy a acatar y quedará al frente (el viceintendente) Nicanor Romero que es de mi total confianza, porque somos un equipo de trabajo. Pero reitero, la ley es clara, habla de una suspensión", dijo durante el anuncio de ampliación de la obra de asfalto.

La figura de delito de abuso de autoridad está sancionada de un mes a dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y se aplica al funcionario que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones, leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En principio, a Bravo le habrían aplicado ésta última parte, ya que se habrían detectado serias anomalías en el trámite administrativo que concluyó con la habilitación para el funcionamiento del cabaret. El jefe del Departamento Ejecutivo se habría excedido en sus funciones y habría incumplido con las exigencias que fija la ordenanza respectiva.