Había sido solicitada por la oposición
En un comunicado, el alto tribunal informó que la suspensión cautelar de la aplicación de la nueva reglamentación fue rechazada, por lo que la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo seguirá en vigor mientras ese mismo órgano de Justicia decida sobre su constitucionalidad.
El Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición, y el gobierno de la región de Navarra habían solicitado ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de ocho artículos de la ley, por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida.
La nueva norma, aprobada por el Parlamento el 24 de febrero, establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
El punto más polémico de la ley es situar la mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el que las menores no tengan que informar a sus padres si alegan que pueden ser coaccionadas o sufrir violencia familiar.
Conocida esa situación, será el médico de una clínica privada quien decidirá actuar sin contar con los padres, apoyado por un psicólogo o un trabajador social.
Si las menores ven factible informar a sus tutores legales, tendrán que acudir acompañadas al centro por uno de ellos.
El oficialista PSOE se ha congratulado por la decisión del Tribunal Constitucional. La secretaria del partido, Leire Pajín, celebró de que al PP "no le haya salido bien" la petición de suspensión cautelar.
La presidenta de la organización antiabortista Provida, Alicia Latorre, pidió al PP que no se olvide de que si gobierna tras las próximas elecciones generales, se ha comprometido a retirar la normativa "de forma inmediata".
Tras la entrada en vigor de la ley, las regiones de Navarra y de Murcia mostraron sus resistencias a aplicarla.
El líder autonómico de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), había descartado en un primer momento su aplicación hasta que la Justicia se pronunciara sobre su constitucionalidad. Sin embargo, tras recibir varias llamadas de atención, Murcia debió aplicar la norma.
Esta región, que registra la mayor tasa de interrupciones voluntarias de embarazo de España (16,6% por cada 1000 mujeres, frente al 15,8% de Madrid) ya no derivará a otras comunidades a sus mujeres para abortar, como era su intención.
El 30 de junio pasado, el Tribunal Constitucional admitió tratar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y el gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto.
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