La Caja de Jubilaciones de Córdoba publicó ayer en el Boletín Oficial una resolución que “no hace lugar” al reclamo de 1.370 pasivos que, tras la derogación del decreto 1.777/95 de Ramón Mestre, exigieron la restitución de las diferencias de haberes por el período de prescripción desde la publicación del decreto (agosto de 2007) que derogó la polémica medida mestrista. Lo que el ex gobernador había establecido era, en esencia, una reducción del 82 al 67 por ciento móvil en el cálculo de los haberes.

La Caja entendió que el planteo de los 1.370 jubilados que hicieron reclamos administrativos después del 1° de agosto de 2007 “son sustancialmente improcedentes y el agravio denunciado es inexistente”, ya que “no existen diferencias de haberes favorables” a los beneficiarios, ya que no existió error de cálculo.

Los reclamos corresponden a los años 2007, 2008 y 2009. Finalizado el expediente administrativo, a los jubilados les queda abierta la vía judicial para el planteo.