“Advierto que la Provincia de Santa Fe plantea la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable convenida en la cláusula primera del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales" del 12 de agosto de 1992, a partir la sanción de la ley 26.425. Indica que al momento de pactarse dicha cláusula, la Nación cargaba con una enorme deuda y que -como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen de jubilaciones y pensiones- los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social iban a ser destinados, centralmente, a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, lo que privaría del flujo de estos fondos. Por dicha razón, se acordó que las provincias soportarían los costos de transición del sistema público al Privado (…) señala que a partir de la sanción que recupera los fondos de la Ansés para el estado éste se apropió de 25.000 millones de dólares y entonces considera que ya no es necesaria una financiación”, aclara Warcalde.

En rigor, y a partir del 1 de septiembre de 1992, el Estado Nacional quedó autorizado a retener un 15 % (quince por ciento), con más una suma fija de $ 43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 20 de la ley 23.548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la firma del presente, en concepto de aportes de todos los niveles estatales que integran la Federación para los siguientes destinos: El 15 % para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios. El procurador interino aclara que “cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación”, dijo el funcionario en su escrito.

Santa Fe intentó en marzo de 2009 resolver la cuestión a través de una vía más amistosa. Entonces, el ex gobernador Hermes Binner autorizó a la Fiscalía de Estado a contratar un estudio jurídico en Capital Federal para que represente a Santa Fe en sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante el decreto Nº 3165, se aprobó la contratación del estudio patrocinado por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz, encargados de asesorar y representar a la provincia en “la demanda contra la Anses, en el reclamo por la detracción de fondos coparticipables que pertenecen al Estado provincial (15 por ciento de la masa coparticipable prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias vigentes); las acciones por la detracción de fondos provinciales (30 por ciento) del tributo a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque Nº 25.413); y causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también en materia de coparticipación federal de impuestos”. La Nación no acudió a las audiencias pero la demanda prosperó. Ahora serán los jueces los que decidir se hacen suya la recomendación del procurador interino.