La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de prescripción presentado por los abogados del ex gobernador Sergio Montiel por la supuesta emisión de decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de empleados públicos. Junto al ex mandatario radical están procesados sus ministros de Gobierno Enrique Carbó; de Economía Oscar Berón y de Salud y Acción Social, Rubén Villaverde. Todos están acusados del delito de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica.

A más de siete años de comenzado el expediente judicial, los vocales del STJ Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Bernardo Salduna rechazaron el planteo de prescripción de la acción penal presentado por los abogados de Montiel. Ahora la causa, que ya está lista para ser elevada a juicio, retorna al Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Patricia Yedro.

El paso del tiempo no favoreció al ex mandatario, ya que el STJ consideró que como Rubén Villaverde continuó con los fueros de funcionario público, ya que después de 2003 fue diputado provincial y luego convencional constituyente en 2008 cuando se reformó la Constitución Provincial, se suspende el plazo de prescripción.

En síntesis, los vocales consideraron que resulta aplicable a Montiel el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, que dice que cuando cualquiera de los coimputados se desempeñe en un cargo público se suspende al plazo de prescripción.

De esa manera, los vocales rechazaron el planteo de los representantes del dos veces gobernador, que se fundamentó en que “los plazos de prescripción son individuales”.

Los vocales del STJ entendieron que no se ha vulnerado el derecho que asiste a todo acusado de ser juzgado en un tiempo razonable, ya que “la duración del plazo razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años”.

Además, fundamentaron que “no existieron dilaciones indebidas en el presente proceso que hayan prolongado de manera injustificada el sometimiento de los encartados al proceso penal, porque las demoras que existen en esta investigación, que lleva más de siete años, sólo son imputables a los coimputados”.

Tres jueces de Instrucción ya pasaron por la causa. Primero investigó Héctor Toloy, pero fue apartado por supuesta parcialidad. Luego llegó Ricardo González, que dejó su cargo de juez para asumir como camarista. En lugar de González asumió Patricia Yedro, quien entre otras cuestiones procesó a los funcionarios.