El Tribunal de Impugnación Penal rechazó el último de los recursos presentados por el enriquecido ex ministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Alvarez.

Así, el expediente volvió a manos del juez de instrucción Daniel Ralli y se cayó una de las trabas para la elevación a juicio oral y público de la denuncia por enriquecimiento ilícito.

En esta ocasión, “Patucho” había insistido para que se redujera el monto del embargo que se le fijó, a lo que el juez Filinto Rebecchi respondió negativamente.

De todos modos, Alvarez aún tiene opciones para seguir dilatando la causa y evitar que se formalice la intención de la fiscal Alejandra Ongaro, que es elevar el caso a juicio para que el ex funcionario marinista se siente en el banquillo de los acusados.

“Patucho” había interpuesto el nuevo recurso cuando estaba “cantada” la elevación a juicio. La postergación del debate es una estrategia defensiva del ex funcionario.

Antes de todo esto, el ex ministro pidió que aparten al juez de Instrucción Daniel Ralli, bajo el argumento de que no fue imparcial en el tratamiento de la causa. Pero la Cámara del Crimen 1 también le rechazó el planteo.

“Patucho” fue procesado por el juez de Instrucción Nº 6 por enriquecerse ilegalmente en unos 708.723 pesos, tomados a valores históricos del año 2002. Esa cifra actualizada sería de 1.800.000 pesos. Ese procesamiento fue ratificado por el TIP en diciembre pasado.

Ni bien se conoció la decisión del tribunal de alzada, Ralli le prohibió salir del país. Se le trabó un embargo por 2.425.230,95 pesos.

La prohibición de salir del país se firmó porque los jueces estimaron la posibilidad de que “Patucho” lo haga, porque cuenta con las posibilidades, a fines de entorpecer la investigación.

El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.

Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.

La investigación se inició el 25 de noviembre de 2005, cuando el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos. Aunque Álvarez después aclaró que “no son 110.000.000 de pesos sino que son 110.000.000 de australes”.