Eso es lo que se espera luego de lo ocurrido ayer, cuando la posición radical quedó en absoluta minoría en la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. De los 11 miembros de la comisión, nueve rechazaron el planteo y sólo los dos radicales –Agustín Federik y Jorge Monge- acompañaron con su firma un escrito para que se abran pruebas.

Los otros tres bloques, el Frente para la Victoria, el Frente Entrerriano Federal y el FAP-GEN presentaron sus respectivos dictámenes de rechazo.

Aunque con distintos argumentos, las tres bancadas llegan a la misma conclusión: el rechazo in limine al pedido para que se produzca prueba en la acusación del delito de prevaricato que la UCR le endilga a la magistrada, por su desempeño como miembro de la Junta Electoral Nacional de distrito Entre Ríos, que en el último proceso electoral impidió al Frente Progresista (alianza de la UCR y el Partido Socialista) pegar su lista de candidatos provinciales y locales con la presidencial del socialista Hermes Binner, además de la del radical Ricardo Alfonsín.

De la reunión de comisión participó también el diputado socialista Lisandro Viale, que reveló su apoyo a la posición de la UCR. Aunque compartieran la boleta del Frente Progresista, los socialistas no habían –hasta ayer- expresado una posición ante una denuncia promovida sólo por la UCR.

Así las cosas, el planteo radical contaría esta tarde con un máximo de siete votos (los seis de la UCR más el socialista Viale) y el rechazo de los 27 diputados restantes.

Para completar el trámite del instituto del juicio político, los dictámenes de comisión deben ser tratados en el recinto, más allá de que, como en este caso, las relaciones de fuerza anticipen el resultado.

En la sesión habrá al menos cuatro expositores, uno por cada bancada: el Frente para la Victoria, el Frente Entrerriano Federal y el FAP-Gen por el rechazo y la UCR reclamando la apertura de pruebas.

SIN PRUEBA. Cada bloque fundamentará esta tarde su posición en la sesión. Entre los argumentos del rechazo se sostiene que al tratarse de una cuestión de puro derecho no es necesaria la prueba. Los diputados radicales atribuyen a Pañeda un delito (prevaricato) que se comete a través de una sentencia y, por lo tanto, alcanza con analizarla para determinar si el delito existió, argumentan.

Luego de una serie de marchas y contramarchas, el Frente Progresista se presentó a las elecciones del 23 de octubre sin poder concretar el doble pegado con fórmulas presidenciales.

La Junta Electoral Nacional del distrito Entre Ríos, una instancia inferior, había impedido que se concrete el doble pegado y aquel 25 de octubre la Cámara le efectuó un “llamado de atención” a los jueces locales. Les dijo que a la Junta local –que integraron junto a Pañeda, la presidenta de la Cámara Federal de Paraná, Cintia Gómez y el juez federal Gustavo Zonis, que votó en disidencia- no correspondía otorgar efecto suspensivo a la interposición de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, como el que planteó el GEN y el PJ para impedir que se oficialice la boleta del Frente Progresista que encabezó Atilio Benedetti con la del FAP que llevó como candidato a presidente a Binner.

Los radicales y socialistas -que, en la espera del fallo de la Cámara, ya habían repartido un millón de boletas del FP pegado con Binner- argumentan que la posición adoptada por Pañeda como titular de la Junta local les produjo un daño irreparable. No es que cuestionen el resultado electoral del orden provincial, pero entienden que otra pudo haber sido la suerte que corrieron en algunas intendencias que perdieron por pocos votos y en la composición de cuerpos legislativos de orden provincial y municipal.

Enfrente, argumentan que no hubo perjuicio desde el momento en el que la oferta electoral estuvo en el cuarto oscuro; esto es, que quien quisiera votar por Benedetti y por Binner podía hacerlo. Y que si hubieran presentado ese acuerdo para las primarias del 14 de de agosto no hubiesen tenido problemas, tal como no los tuvieron con Alfonsín.