La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la acción de amparo interpuesta contra la Provincia de Jujuy por comunidades originarias, por sentirse agraviadas por los programas de explotación de recursos naturales en Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, menconando especialmente procedimientos relacionados con permisos de exploración de litio y boratos.

Cabe recordar, que en marzo último se realizó una adiencia, oportunidad en la cual las partes expusieron sus respectivos argumentos, para luego dar lugar a la actuación de los magistrados.

La demanda también era para la Provincia de Salta y la Nación, exigiéndoles respetar los derechos de participación, consulta y consentimiento para que el Estado o las empresas acometieran los trabajos mineros. El pronunciamiento judicial desestima que por las acciones realizadas pudieron surgir eventuales perjuicios al medioambiente y ecosistemas de la región, validando los recaudos adoptados oportunamente en la materia.

Tras considerar los planteos de las comunidades, la Corte determinó que no existen caso o causas contra la Provincia de Jujuy que habiliten su intervención jurisdiccional, toda vez que las comunidades demandantes no proporcionaron ningún elemento de convicción que justifique un interés jurídico de las características descriptas, de modo que la inadmisibilidad de la solicitud se deriva de la carencia del mínimo de apoyatura fáctica y probatoria que exige una actuación de las características de la requerida.

Asimismo, resolvió que las acciones entabladas contra la Provincia de Salta y el Estado nacional son ajenas a su competencia y que deberán ser direccionadas a las instancias previas locales.

Las comunidades actuantes fueron Cianzo, San Miguel de Colorados, Cobres, Santuario de Tres Pozos, Guardia Atacama de Rangel, El Angosto, Rinconadilla, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, “Sol de Mayo”, Abralaite, Lipán, Cochagasta, Rio Grande Agua de Castilla, Tipán, Santa Ana, “Likan Antai”, Sayate Oeste, Pozo Colorado y Santa Ana de la Puna.