Estos acontecimientos de represión en los desalojos de las rutas 60 a la altura de la localidad catamarqueña de Tinogasta y la ruta 337, en la localidad tucumana de Amaicha del Valle, del departamento de Tafí del Valle, son un llamado de atención para abordar en la agenda de temas urgentes, el motivo por el cual hoy los vecinos de estas localidades y las fuerzas del trabajo se manifiestan en posiciones encontradas al respecto de la industria minera.

El Frente Grande siempre ha sostenido, como lo ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, que es política de justicia social y derechos ciudadanos la no criminalización, judicialización y represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto respondan al mando de las jurisdicciones nacional o provinciales, de la protesta y los reclamos sociales.

Partiendo de este principio, es que el Frente Grande considera necesario e imprescindible abrir todos los canales de diálogo y de intercambio con los distintos sectores protagonistas del conflicto, para hacer un análisis profundo y reflexivo sobre el tema de la industria minera en todo el territorio de la República Argentina, como así, también, de la revisión de las legislaciones vigentes al respecto.

Para el Frente Grande este debate debe tener como eje pensar en políticas públicas a mediano y largo plazo en lo que refiere a la industria minera que tenga como prioridad el cuidado del ambiente; el sostenimiento de fuentes de trabajo genuino; la protección de los recursos no renovables; la protección de ambiente como un bien y un derecho social. Este debate, debe hacerse mediante una agenda abierta a la consulta de los distintos sectores de la sociedad.

No se puede demonizar el avance tecnológico para desarrollar una industria que, para muchas provincias, es uno de los ingresos más importantes que hoy poseen para sostenerse. Como tampoco, bajo esta excusa permitir que las empresas extranjeras y/o nacionales, indiscriminadamente realicen explotaciones poniendo en peligro la vida presente y futura o se lleven las riquezas y las ganancias que le pertenecen al país.

Esto implica pensar en un modelo estratégico federal de industria minera nacional soberano y que pueda desarrollarse a largo plazo acorde a las políticas públicas que cuiden el ambiente y los recursos en general de los habitantes en un todo de acuerdo con el modelo económico y de justicia social que propone el gobierno nacional desde 2003 a la fecha.

Es hora del debate serio de cara a un futuro en el que el trabajo, tanto como el aire, el agua y la tierra sean derechos y bienes sociales para todos.