El Parlamento ratificó ayer su total respaldo a la comisión de evaluación y reforma del IPAUSS, al rechazar el planteo de derogación de la ley 875 que les fuera formulado por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina.

Durante un encuentro mantenido con estos sectores sindicales, los legisladores defendieron la necesidad de que la comisión especial que preside el radical Pablo Blanco pueda desarrollar la tarea para la que fue creada. El mopofista Jorge Lechman, precisó que la comisión de la que es vicepresidente precisó que el objetivo que se persigue “es llegar a un diagnóstico real de la situación del IPAUSS y no generar ningún cambio estructural en el megainstituto”. Aseguró que “todas las entidades sindicales serán convocadas por la Comisión de Seguimiento, para ser escuchados y para analizar conjuntamente toda la documentación que envíe el directorio del IPAUSS y el Poder Ejecutivo Provincial”. Asimismo, enfatizó la necesidad que “todas estas acciones deben realizarse en un ámbito de respeto, porque no puede volver a suceder lo que pasó en esta reunión; la falta de respeto y la violencia, que sólo genera más violencia”.

Superado ese momento de tensión, el Parlamento se abocó a dar tratamiento a los asuntos que integraban el orden de día. Así resultaron aprobados los proyectos de ley de ordenamiento del bosque nativo; el de modificación de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para posibilitar que ese órgano puede someter a control posterior todos aquellos actos sobre los que no hubiera intervenido de manera previa. También dieron el visto bueno al proyecto que beneficio con tasa cero a la empresa textil BARPLA, que fue destruida por un incendio a principios de año para colaborar con la reconstrucción de esa planta fabril; y al que adhirió a la provincia a la Ley Nacional 26.047, de Régimen de Registro Nacionales.

Además se acordó una modificación a la ley provincial tránsito y seguridad vial y de adhesión Ley Nacional 24.449, a fin de dar competencia en la materia a la Dirección Provincial de Transporte, en lo que hace l control y fiscalización del tránsito en las rutas provinciales, y a través de acuerdos con los municipios dentro de los ejidos urbanos.

En tanto, sobre tablas también se sancionó una reforma a la ley de declaraciones juradas patrimoniales, para evitar que los legisladores que ingresaron en diciembre pasado no se vean obligados a presentarla nuevamente en mayo próximo, como se establece en la normativa vigente, sino que la primera declaración tenga validez hasta el próximo año.

Al margen de los proyectos de ley sancionados, ayer el parlamento una declaración en la que manifestó su apoyo político a la declaración de interés público nacional de la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos y la expropiación del 51% del patrimonio de YPF SA, representado por igual porcentaje de las acciones a Repsol YPF SA. Este asunto, que resultó aprobado como tantos otros por unanimidad, fue el único que generó algún contrapunto de opiniones entre los legisladores (ver nota aparte). Por último se acordó que la próxima ordinaria sea convocada para el miércoles 16 de mayo.

“La democracia argentina no puede seguir cargando con la vergüenza de contar con héroes NN”

El tema Malvinas volvió a hacerse presente ayer en la Legislatura provincial, ya que los parlamentarios aprobaron un proyecto de declaración manifestado su respaldo a la identificación de todos los soldados que se encuentran enterrados en suelo malvinense. Con el convencimiento de “los caídos en Malvinas tiene derecho a descansar en paz y sus familiares a visitar sus tumbas identificadas como corresponde, ya que la democracia argentina no puede seguir cargando con la vergüenza de contar con héroes NN”, consideraron “adecuado que se proceda a identificar a todos los soldados caídos en la guerra del Malvinas”, a la vez que compartieron “la iniciativa del Gobierno Nacional de solicitar el concurso de la Cruz Roja Internacional para que interceda ante Gran Bretaña para llevar adelante la iniciativa” en el entendiendo que ese organismo resulta “idóneo a tal fin y que su actuación será garantía de profesionalidad de respecto a los caídos y al esclarecimiento de la verdad”.