"Si bien indica algún impacto en la recaudación producto de la inflación, la marcha de la economía en lo que va de 2010 nunca compensará el gasto por esta política de subsidios creciente, que encuentra justificación únicamente en patear el problema para adelante y no resolver la cuestión de fondo, que es restablecer la ecuación económica del servicio de transporte público, a través de la tarifa al usuario y algún subsidio del Estado".

De tal manera, el secretario de Gobierno de la comuna, Hugo Borelli, resumió el panorama que afronta el Ejecutivo, a partir de los subsidios aprobados en el Concejo Deliberante, destacando que cualquier gasto que no haya sido previsto en el presupuesto sólo puede compensarse con mayor recaudación o con economías en otras partidas que sí fueron calculadas.

También dijo que la inflación genera subas en la recaudación, pero también influye en el incremento de los gastos.

Por ello, el funcionario expresó que "la actitud de los concejales opositores, de sostener el desfasaje económico existente en el sistema de ómnibus urbanos sólo con aportes comunales, atenta lisa y llanamente contra el cumplimiento del presupuesto municipal".

En cuanto a cubrir los subsidios con las multas que pagan las prestatarias del servicios por la infracciones o incumplimientos cometidos, como promovieron algunos concejales opositores, Borelli dijo que se trata de un contrasentido, habida cuenta que dicho razonamiento "implica apostar a que el sistema de transporte público funcione mal".

"Esto es apostar al mantenimiento de los incumplimientos al solo efecto de financiar los subsidios. Es una trampa absolutamente perversa, ya que la multa debe tender a desaparecer y, producto de un mejoramiento en el sistema, los costos tendrían que sincerarse con la tarifa a los usuarios", señaló Borelli.

En cuanto al cumplimiento de las frecuencias, resaltó que las compañías están funcionando "razonablemente mejor", lo que derivó en la disminución del número de reclamos por parte de los usuarios.

En tal sentido, destacó que la comuna mantiene una fuerte política de control y que es la única que realiza inspecciones durante todos los días.

Pago de subsidios

El secretario aseguró que la comuna pagó subsidios a la prestataria bahiense Rastreador Fournier, mientras que al Grupo Plaza le efectivizó el pago de "una buena parte de los mismos", mientras que el resto del dinero fue retenido como cobro de las multas cometidas por la empresa capitalina, según había sido normado por ordenanza.

En cuanto a la procedencia de los fondos utilizados para pagar dichos subsidios, Borelli remitió la consulta a su par de Economía, Ramiro Villalba, quien ayer se mantuvo ocupado y no respondió el interrogante.

"Números disparatados"

Según Borelli, la crítica situación por la que atraviesa el transporte público local debe solucionarse a partir de una correcta prestación del servicio por parte de las empresas Plaza y Mayo.

"Creo que se están preparando o están trabajando seriamente para eso. Han cambiado su nivel de conducción, trajeron un equipo de mecánicos para reparar las unidades rotas y ya no tienen unos 20 colectivos rotos sino menos, por lo que van progresando.

"Nos han comunicado que, en el curso de esta semana o la siguiente, vendrán dos grupos de cinco ómnibus adicionales para cubrirse, mientras se realizan los arreglos de las unidades.

"Acá tienen más colectivos de los necesarios, pero muchos estaban rotos, con desperfectos graves, necesitando, en algunos casos, el cambio de motor", comentó el secretario.

De alcanzar aceptables niveles de prestación del servicio, para el funcionario no debería prorrogarse la actual política de subsidios más allá del mes en curso.

"Aspiramos a que en agosto el tema entre por el carril normal, que pasa por aprobar un aumento de la tarifa a los usuarios y el mantenimiento de una política razonable de subsidios", dijo Borelli.

Para el mes de septiembre, el estudio de costos arrojó una tarifa de 2,40 pesos, por lo que, de mantenerse a 1,80 pesos el valor del pasaje a los usuarios y prorrogarse la actual ordenanza, la comuna podría afrontar el pago de 60 centavos por cada persona transportada.

"A partir de septiembre, si el criterio de los concejales es el mismo, iremos a números disparatados. Y si lo definieran de esa manera, constituiría una irresponsabilidad", concluyó Borelli.